La privatización de la red ferroviaria de carga en Argentina, que incluye el Belgrano Cargas, se perfila como una de las principales iniciativas del gobierno antes de finalizar el año. Para facilitar este proceso, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) será utilizado como un atractivo fiscal, ofreciendo beneficios impositivos a los futuros concesionarios. Este esquema legal permitirá que el Estado subsidie la concesión de las vías, que abarcan las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, en un modelo que ya ha despertado el interés de fondos de inversión en Wall Street y ha generado tensiones entre grandes agroexportadores locales y corporaciones extranjeras que buscan obtener el control de esta infraestructura vital.

El diseño del proyecto establece una concesión de 50 años, enfocada exclusivamente en el transporte de carga. A diferencia de las privatizaciones de los años 90, esta vez no se contemplan subsidios estatales ni pagos de cánones al Estado. La rentabilidad del negocio dependerá del cobro de peajes a las empresas logísticas y de la explotación inmobiliaria de los terrenos cercanos a las estaciones. Los inversores podrán optar por dos alternativas: controlar únicamente la infraestructura de vías o adquirir un paquete completo que incluya también el material rodante, como locomotoras y vagones, que se subastará por separado.

El gobierno argentino busca atraer a múltiples oferentes para garantizar una competencia robusta en la licitación. Durante la presentación del proyecto en la "Argentina Week" en Nueva York, se destacó que el marco de incentivos fiscales se aplicará a todos los interesados en participar. Para acceder a estos beneficios, los consorcios ganadores deberán presentar sus propuestas de inversión en modernización de la red, que se considera una inversión en infraestructura bajo el RIGI. La inversión total requerida para reactivar el sistema ferroviario asciende a USD 1.260 millones, con un desembolso neto estimado en USD 755 millones y un límite de financiamiento externo de USD 435 millones.

El desglose de la inversión revela que la Línea San Martín es la que más recursos demandará, con USD 800 millones, seguida por la Línea Belgrano con USD 355 millones y la Línea Urquiza con USD 105 millones. Las obras se clasificarán en categorías obligatorias y opcionales, donde las primeras contarán con financiamiento parcial asegurado, mientras que las segundas correrán completamente a riesgo del concesionario. Este enfoque busca garantizar que las inversiones se realicen de manera efectiva y que se mantenga la operatividad del sistema ferroviario.

Entre los interesados en la licitación se encuentra el Consorcio Pro-Ferrocarril Belgrano, que agrupa a las principales agroexportadoras del país, como Aceitera General Deheza, Cargill y Bunge. Estas empresas controlan el 85% del trabajo actual del Belgrano Cargas, lo que les otorga una ventaja significativa en la puja por la concesión. Por otro lado, el Grupo México se presenta como un competidor extranjero dispuesto a invertir hasta USD 3.000 millones para modernizar la red ferroviaria en su totalidad, lo que podría alterar las dinámicas de la licitación.

El gobierno argentino tiene como objetivo publicar el pliego definitivo de la licitación a finales de marzo, con la intención de adjudicar la concesión en diciembre. Este cronograma apretado refleja la urgencia del oficialismo por mostrar avances en la privatización de activos estatales y podría sentar un precedente para futuras privatizaciones bajo el RIGI. La evolución de este proceso será crucial para entender el futuro del transporte ferroviario en Argentina y su impacto en la competitividad del sector agroindustrial, que depende en gran medida de una logística eficiente para exportar sus productos al mundo.