El gobierno de José Balcázar ha decidido derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, que estipulaba la reorganización y escisión patrimonial de Petro-Perú. Esta medida se acompaña de un rescate financiero que superará los US$2.000 millones, destinado a garantizar el pago a proveedores de crudo de la estatal. Durante una reunión con representantes de los trabajadores de la empresa y del gremio de transporte de carga pesada, Balcázar subrayó su compromiso con la empresa, aunque enfatizó la necesidad de una administración adecuada de estos recursos.

Este nuevo paquete de medidas es significativamente mayor que el rescate previamente anunciado por la Junta General de Accionistas de Petro-Perú, que era de S/500 millones (aproximadamente US$132 millones). La advertencia de Fernando De la Torre, exgerente de Finanzas de la empresa, resuena en el contexto actual: la deuda de capital de trabajo de Petro-Perú asciende a US$1.530 millones, lo que sugiere que el rescate anterior no habría sido suficiente para abordar los problemas financieros de la compañía. De la Torre ha señalado que el nuevo rescate podría ser una carga adicional para el Estado peruano, dado que la empresa no ha reembolsado los fondos de rescate anteriores desde 2022.

El presidente Balcázar ha indicado que el nuevo rescate se financiará a través de un aval que se emitirá frente a la banca privada, lo que no implicará una inyección directa de recursos del Estado. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por varios economistas, quienes advierten que podría llevar a un mayor endeudamiento del país y a la reducción de programas sociales. David Tuesta, exministro de Economía, ha expresado su preocupación de que esta medida solo sirva para perpetuar un modelo de financiamiento que no resuelve los problemas estructurales de la empresa.

Desde 2022, el gobierno peruano ha destinado un total de S/17.800 millones para mantener a flote a Petro-Perú, y con este nuevo rescate, esa cifra podría elevarse a más de S/24.700 millones. Este contexto de rescates constantes plantea interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo de la empresa estatal y su capacidad para operar de manera sostenible. La falta de un plan claro para la reestructuración y la dependencia de financiamiento estatal podrían afectar la percepción de los inversores sobre la estabilidad del sector energético en Perú.

A medida que se avanza en la implementación de estas medidas, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones con la banca privada y si el gobierno puede garantizar que el nuevo rescate se administre de manera efectiva. También será importante monitorear la reacción del mercado internacional y la opinión de los analistas sobre la sostenibilidad de Petro-Perú. La situación podría influir en la confianza de los inversores en el sector energético de la región, especialmente en un contexto donde Brasil y otros países de Latinoamérica están buscando atraer inversiones en energías renovables y sostenibles.