Los últimos informes económicos revelan un panorama complejo para Argentina, donde el desempleo ha aumentado al 7,5% de la población activa, un incremento significativo desde el 6,4% registrado en el último trimestre de 2024. Este aumento en la tasa de desempleo se ha visto acentuado en el conurbano, donde la cifra alcanza el 9,5%, reflejando el impacto más severo de la retracción industrial. A pesar de que el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 4,8% en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, la creación de empleo no ha acompañado este crecimiento, lo que ha generado un debate sobre la existencia de una "economía dual" en el país, donde algunos sectores prosperan mientras otros se estancan o retroceden.

El informe de IDESA destaca que, a pesar de la recuperación en sectores como el agro, la energía y la minería, el empleo total se mantiene estancado. En los últimos dos años, se han perdido 60.000 puestos de trabajo en el ámbito urbano, y el número de asalariados privados registrados ha disminuido en casi 190.000. Este fenómeno se debe en parte a la adaptación de las empresas a un entorno de estabilidad y mayor integración al mundo, pero también a un contexto tributario y regulatorio que afecta la competitividad de diversos sectores. Mientras el agro y la minería han mostrado un crecimiento notable, actividades como la construcción y el comercio continúan enfrentando dificultades, con caídas en su actividad del 1,3% y 3,9% respectivamente.

Los salarios reales han sufrido un desplome del 18% en el peor momento del ajuste en 2024, aunque han mostrado signos de recuperación. Sin embargo, desde el segundo trimestre de 2025, los salarios se han estancado y se encuentran un 10% por debajo del promedio del primer semestre de 2023. Este deterioro en el poder adquisitivo se ve agravado por el aumento de tarifas y la competencia desleal de negocios informales, lo que ha llevado a un incremento en la solicitud de adelantos de sueldo y préstamos por parte de los trabajadores. La situación económica ha generado un malestar social creciente, con un 46% de la población que se queja de los bajos salarios y un 23% que menciona problemas de empleo como sus principales preocupaciones.

La insatisfacción con la situación económica se refleja en la caída de la aprobación del gobierno de Javier Milei, que ha bajado al 39%, con un 65% de desaprobación. Las encuestas indican que solo el 33% de los ciudadanos está satisfecho con la marcha de las cosas, lo que representa una caída de 7 puntos desde noviembre de 2025. Este deterioro en la percepción pública se ha correlacionado con la falta de recuperación del empleo y la persistencia de la inflación, que se espera que se mantenga elevada, con proyecciones de un aumento del índice de precios en torno al 3% para el mes en curso.

A pesar de la revalorización del peso en un 8,6% frente al dólar en lo que va del año, el desafío del equipo económico es doble: no solo deben consolidar una baja sostenida de los precios, sino también crear condiciones que permitan que el crecimiento económico se traduzca en empleo y salarios. La desaceleración reciente en el aumento de precios de productos de consumo de alta rotación, que pasó de un incremento del 0,7% a solo 0,2% en la tercera semana de marzo, podría ser un indicio de que se están tomando medidas efectivas, pero la situación sigue siendo precaria y requiere atención continua.

En este contexto, los inversores deben estar atentos a cómo el gobierno maneja la situación laboral y la inflación, ya que estos factores son cruciales para la estabilidad económica a largo plazo. La evolución de los sectores que están mostrando crecimiento, como el agro y la minería, también será un indicador importante de la salud económica general del país. Las próximas semanas serán clave para evaluar si las medidas implementadas logran revertir la tendencia negativa en el empleo y mejorar el bienestar general de la población.