La situación financiera de La Rioja se complica aún más con la reciente solicitud de bonistas ante la Corte del Distrito de Massachusetts en Nueva York. Los acreedores, representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, buscan ejecutar activos estratégicos de la provincia, incluyendo participaciones en el Banco Rioja y en el Parque Eólico Arauco (PEA), para satisfacer fallos judiciales por incumplimientos de pago. Esta acción se produce en un contexto donde La Rioja se encuentra en default desde febrero de 2024, tras dejar impagos US$16 millones de capital, convirtiéndose en la primera provincia argentina en caer nuevamente en cesación de pagos después de haber reestructurado su deuda.

Los bonistas argumentan que la provincia no tenía necesidad de incumplir sus obligaciones, ya que la mayoría de los fondos de los bonos verdes emitidos se utilizaron para proyectos de energía renovable. Sin embargo, la administración de Ricardo Quintela ha sido criticada por no aplicar los ingresos de la venta de uno de sus parques eólicos, que alcanzó los US$171 millones, para cancelar sus deudas. Esta falta de acción ha llevado a los bonistas a intensificar sus esfuerzos judiciales, advirtiendo que continuarán hasta que La Rioja reconozca sus obligaciones.

La presión sobre La Rioja también tiene implicaciones para el mercado en general, ya que los bonistas han advertido a potenciales compradores de activos provinciales sobre la situación legal. Si la solicitud de los bonistas prospera, esto podría sentar un precedente significativo en la forma en que se manejan las deudas provinciales en Argentina. En un contexto donde otras provincias están logrando atraer inversiones mediante el cumplimiento de sus obligaciones, La Rioja se queda rezagada, lo que podría afectar su capacidad de atraer capital en el futuro.

Este caso resalta la importancia de la gestión fiscal y la credibilidad en el cumplimiento de las obligaciones financieras, especialmente en un entorno económico desafiante. La situación de La Rioja podría influir en la percepción de riesgo de los inversores en otras provincias argentinas, afectando la dinámica del financiamiento en el país.