La Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) de Brasil ha tomado medidas enérgicas contra la especulación de precios en el sector de combustibles, autuando a diez distribuidoras y una empresa atacadista. Esta acción se produce tras la implementación de la Medida Provisoria (MP) 1.340, que incrementa las multas por prácticas abusivas, con sanciones que pueden oscilar entre R$ 50 mil y R$ 500 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Durante la primera semana de fiscalización, que tuvo lugar del 16 al 20 de marzo, la ANP inspeccionó 154 establecimientos en más de 50 ciudades de 11 estados y el Distrito Federal. Las inspecciones revelaron un “descolamiento significativo” entre los costos y los precios de venta en algunos casos, lo que sugiere un aumento injustificado en las márgenes de ganancia de las distribuidoras.

Además de las autuaciones, la ANP notificó a 30 establecimientos por diversas irregularidades, y nueve de ellos fueron clausurados. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno brasileño para controlar el aumento de precios del diesel, que ha escalado debido a tensiones internacionales, especialmente en el Medio Oriente, donde el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha afectado la oferta de petróleo.

El gobierno también ha implementado medidas como la desoneração de impuestos federales sobre el diesel y una subvencción a las empresas para mitigar el impacto de los precios en el mercado interno. La situación es crítica, ya que el diesel es esencial para el transporte de mercancías en Brasil, y su aumento de precio podría tener repercusiones en la economía local y regional, incluyendo a Argentina, que también depende de los precios internacionales de combustibles.