- Haddad planea analizar la privatización de Sabesp en su campaña electoral.
- Las quejas de los consumidores sobre Sabesp se han duplicado en dos años.
- La empresa ha aumentado sus inversiones para mejorar el saneamiento.
- Se prevé que Sabesp capte entre R$ 40 y R$ 50 mil millones en deuda hasta 2030.
- La discusión sobre la privatización refleja un contexto electoral en Brasil.
Fernando Haddad, exministro de Hacienda y actual precandidato al gobierno de São Paulo, ha manifestado su intención de analizar los efectos de la privatización de la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Esta privatización, que se completó en julio de 2024, ha generado un debate significativo debido al aumento de las quejas de los consumidores sobre la calidad del servicio, que se han más que duplicado en dos años.
Las quejas contra Sabesp han pasado de aproximadamente 3,7 mil en 2023 a casi 10 mil en 2024, lo que representa un incremento del 162%. Los problemas más comunes reportados incluyen discrepancias en las facturas y falta de agua, lo que ha llevado a Haddad a considerar que el debate sobre la privatización es natural y necesario, especialmente dado el contexto de insatisfacción de los usuarios.
A pesar de las críticas, la empresa ha reportado un aumento en sus inversiones, con un enfoque en la universalización del saneamiento. En 2025, Sabesp alcanzó un récord de inversiones, con un Capex proyectado de R$ 15 mil millones, y se espera que continúe captando entre R$ 40 y R$ 50 mil millones a través de deuda hasta 2030. Esto sugiere que, a pesar de las quejas, la privatización podría estar generando un flujo de capital significativo para mejorar los servicios.
Haddad también ha señalado que ha observado reestatizaciones de servicios similares en otros países, lo que añade una dimensión internacional al debate. La situación de Sabesp es crucial no solo para los consumidores de São Paulo, sino también para los inversores que buscan entender el impacto de las políticas de privatización en el sector de servicios públicos en Brasil y, potencialmente, en otros países de la región.
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