A principios de marzo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) emitió un informe crítico sobre la gestión fiscal del gobierno chileno de Gabriel Boric, señalando déficits fiscales estructurales y efectivos del 3,6% y 2,8% del PIB, respectivamente. Este desvío se considera elevado para un año sin eventos extraordinarios y se atribuye a problemas en las estimaciones de ingresos por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres). La respuesta del gobierno, a través de su directora de Presupuestos, Javiera Martínez, fue enviada el 10 de marzo y abordó los principales puntos del informe del CFA, defendiendo la gestión fiscal del gobierno en términos contundentes.

En su respuesta, la Dipres destacó la rigidez del gasto público y las obligaciones legales que complican la posibilidad de realizar ajustes significativos en el corto plazo. En particular, se refirió a la necesidad de un ajuste de aproximadamente US$6.948 millones para cumplir con la meta de balance estructural, pero argumentó que esto no sería factible sin afectar la continuidad de los servicios públicos. La administración también subrayó que la mayor parte del desvío ocurrió a partir de octubre, sugiriendo que el análisis del CFA podría no considerar adecuadamente las restricciones existentes.

El CFA también advirtió sobre la tendencia de la deuda bruta, que aunque se mantuvo por debajo de niveles prudentes, no se debió a una consolidación fiscal, sino a factores externos. La Dipres respondió que si el tipo de cambio hubiera sido el proyectado, la deuda bruta habría alcanzado un 42,1% del PIB, lo que habría representado un cambio significativo en la tendencia. Además, se cuestionó el uso de los Otros Activos del Tesoro Público como fuente de financiamiento, argumentando que las comparaciones realizadas por el CFA no eran técnicamente equivalentes.

Finalmente, la Dipres defendió la justificación para el cambio de metas fiscales, aclarando que no se basó únicamente en la corrección de proyecciones de ingresos, como sugirió el CFA. Esta respuesta refleja la tensión entre el gobierno y el organismo fiscal, y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la política fiscal chilena en un contexto de creciente presión económica.

Este debate sobre la gestión fiscal en Chile es relevante para los inversores en la región, ya que puede influir en la percepción de riesgo y en las decisiones de inversión, especialmente en un contexto donde Brasil y otros países de la región también enfrentan desafíos fiscales.