El Impuesto a los Ingresos Brutos (II.BB) se ha convertido en un tema central de discusión entre empresarios y expertos en finanzas, quienes advierten sobre sus efectos distorsivos en la economía. Según una reciente encuesta de KPMG, seis de cada diez ejecutivos consideran que este impuesto es el principal obstáculo para la fijación de precios y el crecimiento económico. Este porcentaje ha aumentado desde el 54,4% en el año anterior, lo que indica una creciente preocupación por el impacto negativo de este tributo.

El marco fiscal actual ha llevado a muchas empresas a desinvertir, con un 35,1% de los encuestados señalando que se vieron obligados a reducir sus inversiones debido a la presión impositiva. Además, el 60,8% de los directores financieros mencionan que el II.BB es el impuesto que más afecta los precios de los productos y servicios, muy por encima de otros gravámenes como el impuesto a las Ganancias o el IVA. Esta situación se agrava en un contexto donde la inflación sigue siendo un desafío constante para la economía argentina.

El impacto del II.BB no solo afecta a las empresas, sino también a los consumidores, quienes enfrentan precios más altos y una oferta restringida de productos. Provincias como Buenos Aires y Misiones son las más mencionadas en cuanto a la carga fiscal que limita la disponibilidad de productos en el mercado. Esta presión fiscal también se traduce en saldos a favor que las empresas tienen con las provincias, lo que refleja un funcionamiento anómalo del sistema recaudatorio y una inmovilización financiera perjudicial para la actividad privada.

A pesar de la creciente insatisfacción con el II.BB, la mayoría de las empresas no espera que haya avances significativos en una reforma impositiva integral en el corto plazo. La percepción es que las provincias están recaudando más de lo que los contribuyentes pueden soportar, lo que genera un ambiente de incertidumbre y desconfianza hacia las administraciones fiscales. En este contexto, los empresarios abogan por una simplificación tributaria y una revisión del II.BB como medidas necesarias para fomentar la inversión y el crecimiento económico.