El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, impulsado por el gobierno de Javier Milei, comenzará su discusión en la Cámara de Diputados la próxima semana. La audiencia pública, programada para los días 25 y 26 de marzo, ha generado una fuerte polémica debido a una medida cautelar presentada por organizaciones ambientalistas que fue rápidamente desestimada por la Justicia, lo que ha intensificado el conflicto con La Libertad Avanza (LLA). Esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca redefinir las áreas periglaciales y disminuir las zonas de exclusión para la minería, lo que ha suscitado numerosas objeciones de entidades y de la oposición política.

La audiencia ha atraído el interés de casi 100,000 personas, lo que llevó a las autoridades a limitar la participación a 200 expositores, generando críticas por parte de las fundaciones ambientalistas que consideran que esto restringe el derecho a la participación pública. A pesar de la controversia, el diputado Nicolás Mayoraz, quien liderará las audiencias, defendió el procedimiento como legítimo y acusó a las ONGs de intentar boicotear el proceso. La tensión en torno a este debate podría complicar el tratamiento del proyecto, ya que las organizaciones han advertido que seguirán buscando medidas judiciales para frenar la reforma.

El cambio en la ley permitiría a las provincias definir qué áreas son consideradas periglaciales, lo que podría abrir la puerta a la explotación minera en zonas que antes estaban protegidas. Este cambio es visto como crucial por los gobernadores de provincias mineras que buscan atraer inversiones, y el gobierno nacional también espera que esta modificación genere un ingreso significativo de dólares al país. Sin embargo, la oposición plantea preocupaciones sobre la protección ambiental y posibles conflictos jurisdiccionales entre provincias, lo que podría complicar aún más el escenario político y económico en torno a la minería en Argentina.