La causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este ha tomado un giro significativo con la aparición de recibos de vuelos privados. Estos documentos, que ya están en manos del juez federal Ariel Lijo, permiten desentrañar cómo se financiaron los traslados y plantean nuevas preguntas sobre el origen de los fondos utilizados. En particular, el vuelo de ida fue pagado por la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, quien también hospedó a Adorni en su residencia en Uruguay.

El regreso del viaje, sin embargo, ha suscitado más dudas, ya que no fue abonado de manera individual, sino que forma parte de un paquete de 10 vuelos financiado por una persona no pública cuyo nombre permanece en reserva. La fiscalía está trabajando para rastrear la trazabilidad de los pagos y determinar quién realmente cubrió los costos del viaje, lo que podría tener implicaciones legales significativas para Adorni y su entorno.

Además, la Policía Federal ha comenzado a recolectar documentación en el aeropuerto de San Fernando, buscando asegurar elementos que puedan ser útiles para la causa. La investigación se centra en verificar si se cumplieron los controles de Migraciones y Aduana, así como en determinar si hubo un incremento patrimonial no justificado por parte de Adorni, lo que podría encuadrarse como enriquecimiento ilícito.

Este caso ha sido impulsado por una denuncia de varios diputados, quienes argumentan que el costo del viaje supera la capacidad económica del funcionario. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son cruciales, la evolución de esta investigación podría tener repercusiones en la confianza pública hacia el gobierno y, por ende, en el clima de inversión en Argentina.