La Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano aprobó recientemente modificaciones a la Ley General de Minería, que incluyen incrementos significativos en los pagos por derechos de vigencia y penalidades para las concesiones mineras. Estos cambios, que ahora se debatirán en el Pleno del Congreso, han suscitado alarmas en el gremio minero, que teme que estas medidas desincentiven las inversiones en el sector y favorezcan la minería informal e ilegal.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra el aumento del derecho de vigencia de US$ 3.00 a US$ 12 por hectárea para concesiones que superen las 100,000 hectáreas, así como la reducción del plazo para iniciar producción de 30 a 15 años. Además, se prevén penalidades que podrían aumentar hasta un 400% si no se acredita producción o inversión mínima en los plazos establecidos, lo que podría paralizar el desarrollo de proyectos mineros formales en el país.

El contexto es crítico, ya que las exportaciones de oro ilegal en Perú alcanzaron los US$ 11,500 millones en 2025, lo que refleja el auge de la minería informal. Con la mejora en las proyecciones de precios de metales como el oro y el cobre, los expertos advierten que estas nuevas regulaciones podrían llevar a una mayor migración hacia la minería ilegal, en lugar de fomentar un sector formal y regulado.

Las empresas mineras ya enfrentan desafíos significativos en la obtención de permisos y en la gestión de conflictos sociales, lo que complica aún más la situación. La preocupación es que, al aumentar los costos y acortar los plazos, se liberen concesiones formales que podrían ser ocupadas por mineros ilegales, lo que a la larga perjudicaría tanto la economía formal como el desarrollo sostenible de las comunidades locales.