En las últimas semanas, el Congreso de Perú ha aprobado una serie de Proyectos de Ley que podrían tener un impacto significativo en la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. Entre estas medidas, se destaca la ampliación de beneficios previsionales para las Fuerzas Armadas y Policiales, que podría costar hasta S/ 3.500 millones anuales en el futuro, lo que representa una carga considerable para el presupuesto nacional.

Además, se han aprobado leyes que incrementan los beneficios laborales para trabajadores del sector público, lo que podría sumar un costo fiscal adicional de S/ 3.050 millones. Estas decisiones legislativas, tomadas en un corto período, han generado preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para manejar el déficit fiscal, que podría aumentar en casi un punto porcentual del PBI si se implementan todas las medidas propuestas.

El gobierno enfrenta un dilema: si no se recortan otros gastos, se verá obligado a financiar estos aumentos a través de impuestos más altos o incrementando la deuda pública. Esta situación podría deteriorar la calidad de los servicios públicos y afectar el crecimiento económico a largo plazo, lo que es especialmente preocupante en un contexto donde la economía ya enfrenta desafíos significativos.

La erosión de la fortaleza fiscal, construida con esfuerzo a lo largo de los años, plantea riesgos no solo para la estabilidad económica de Perú, sino también para su calificación crediticia y las tasas de interés en el mediano plazo. Esto podría tener repercusiones en la región, incluyendo a Argentina, donde los inversores están atentos a la salud fiscal de sus vecinos, dado que cualquier inestabilidad podría influir en sus propias decisiones de inversión.