Recientemente, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de Perú reportó que los ingresos tributarios del Gobierno central alcanzaron S/ 30,260 millones hasta febrero, lo que representa un incremento del 4.4%. Sin embargo, esta cifra no refleja el verdadero estado del sistema tributario, ya que la presión tributaria se ha mantenido prácticamente estancada en los últimos 15 años, pasando de 14.4% del PBI en 2019 a solo 14.9% en 2025, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto indica que, a pesar de un aumento en el número de contribuyentes, la recaudación efectiva sigue siendo insuficiente para mejorar la situación fiscal del país.

La Sunat ha indicado que el crecimiento en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) no es un indicador suficiente de la formalidad en el país. A pesar de que el número de RUC activos ha crecido más de 35% en los últimos años, existen brechas significativas entre los contribuyentes que declaran y los que efectivamente pagan impuestos. Este fenómeno se ve agravado por la alta informalidad y la falta de cumplimiento tributario, lo que limita la capacidad del gobierno para aumentar la recaudación fiscal.

Expertos en políticas públicas han señalado que solo el 1% de las empresas formales contribuyen con entre el 86% y el 88% de la recaudación por impuesto a la renta, lo que pone de manifiesto la concentración de la carga tributaria en un número reducido de contribuyentes. En el caso de las personas naturales, se estima que solo uno de cada diez trabajadores paga el impuesto a la renta, lo que refleja un panorama preocupante en términos de equidad fiscal. La situación se complica aún más por los altos umbrales de deducción que limitan la cantidad de trabajadores que efectivamente tributan.

En medio de este contexto, varios planes de gobierno propuestos para las próximas elecciones incluyen estrategias para ampliar la base tributaria. Sin embargo, los expertos advierten que cualquier intento de reforma requerirá tiempo y un enfoque integral que aborde la informalidad y simplifique los regímenes tributarios existentes. Sin medidas efectivas, el estancamiento de la presión tributaria podría continuar, afectando la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos y proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo del país.