La reciente Resolución 201/26 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa) ha desatado un intenso debate en el sector ganadero argentino al desregular parcialmente el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa. Esta norma permite que veterinarios particulares se registren para aplicar las vacunas, lo que ha generado opiniones encontradas entre los productores sobre sus posibles implicancias económicas y sanitarias.

Por un lado, muchos productores apoyan la desregulación, argumentando que el sistema anterior beneficiaba a entes vacunadores que actuaban como monopolios locales, encareciendo el costo de la vacuna. Sin embargo, otros productores y entidades como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) han manifestado su rechazo, advirtiendo que esta medida podría poner en riesgo la estructura del programa sanitario y la solidaridad entre los productores, pilares fundamentales para el control de la enfermedad.

El debate también ha puesto de manifiesto la preocupación por la posible pérdida de mercados internacionales, dado que algunos países vecinos avanzan hacia el estatus de libres de aftosa sin vacunación. Los productores han propuesto alternativas para mantener un equilibrio en el sistema, sugiriendo que las zonas más marginales podrían recibir subsidios para asegurar que todos los productores, independientemente de su tamaño, participen en la vacunación.

Desde el Gobierno, se defiende la medida como un paso hacia la modernización del sistema, argumentando que permitirá una distribución más eficiente de las vacunas y una reducción de costos en la ganadería argentina. Sin embargo, el éxito de esta desregulación dependerá de la capacidad de los productores para adaptarse a un nuevo esquema que, si bien promete beneficios, también conlleva riesgos significativos para la salud del ganado y la economía del sector.