El sistema universitario público argentino enfrenta una nueva fase de conflicto gremial, con un paro nacional que comienza este lunes y se extenderá en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30 de marzo. Las federaciones docentes CONADU y CONADU Histórica han convocado esta medida en respuesta a la necesidad de una recomposición salarial y un mayor financiamiento para las universidades, lo que ha llevado a la suspensión de clases y actividades en varias instituciones del país.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se encuentra en el centro de la tensión, donde los docentes han votado para intensificar el conflicto con un paro por tiempo indeterminado si el Gobierno no responde a sus demandas. El principal reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, que exige una recomposición salarial acumulada del 55,4% y una actualización urgente del presupuesto educativo nacional, en un contexto donde el salario real de los docentes ha caído a niveles críticos.

Los datos son alarmantes: un informe de la UBA indica que el salario real del sector está un 35,6% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, y el poder adquisitivo se encuentra en su mínimo histórico. La inflación acumulada entre octubre y febrero fue del 14,2%, mientras que los aumentos salariales fueron nulos, lo que ha llevado a los docentes a perder el equivalente a 11,5 salarios desde noviembre.

El Gobierno de Javier Milei ha presentado un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que busca modificar la normativa vigente, pero la falta de consenso y la tensión entre el Ejecutivo y las universidades públicas complican la situación. Este conflicto no solo afecta a los estudiantes y docentes, sino que también tiene implicaciones más amplias para la economía argentina, dado que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país.