La presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, ha destacado la urgencia de tramitar y aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal, argumentando que esta medida podría ser clave para reactivar la economía y generar empleo en el país. Sin embargo, el presidente José Antonio Kast ha condicionado su avance a la situación de las finanzas públicas, que actualmente enfrenta un déficit fiscal del 3,6% del PIB, una cifra histórica que representa aproximadamente 13 mil millones de dólares en deuda.

El debate sobre el financiamiento de este proyecto ha generado tensiones entre los legisladores. Iván Moreira, vicepresidente del Senado, ha instado a que la aprobación se realice en 2026, aunque ha criticado la falta de recursos y ha señalado que el gobierno anterior apresuró la tramitación de esta iniciativa sin asegurar su viabilidad financiera. En este contexto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia ha reafirmado el interés del gobierno por avanzar en la propuesta, aunque los desacuerdos persisten.

Los expertos también han expresado su preocupación sobre cómo se financiará el proyecto. Pablo Barberis, economista de la Universidad de Chile, ha indicado que si el gobierno busca que la Sala Cuna Universal sea financiada con presupuesto público, es crucial que se asegure la sostenibilidad económica a largo plazo. Esta situación refleja un desafío mayor en la gestión de las finanzas públicas chilenas, que podría tener repercusiones en la confianza del mercado y en la inversión extranjera.

La presidenta Núñez ha enfatizado que espera tener claridad sobre el avance del financiamiento en los próximos 90 días, lo que podría influir en la percepción del mercado sobre la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas. La discusión sobre la Sala Cuna Universal se convierte así en un termómetro de la salud económica del país y de la capacidad del nuevo gobierno para manejar los desafíos fiscales que enfrenta.