La producción de gas natural en Colombia ha caído drásticamente, afectada por reformas fiscales y políticas del presidente Gustavo Petro que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esta situación ha llevado a Bogotá a aumentar las importaciones de gas licuado de petróleo (GLP) para satisfacer la demanda interna y mantener la estabilidad de la red eléctrica del país. Sin embargo, estos costos elevados están poniendo presión sobre las finanzas del gobierno en un momento de crisis fiscal.

Colombia enfrenta un descenso en su producción de gas natural, alcanzando niveles mínimos en décadas. En enero de 2026, la producción se situó en 683 millones de pies cúbicos por día, un 17% menos que el año anterior. A pesar de algunos descubrimientos recientes que podrían aumentar las reservas, la falta de inversión y la decisión de Petro de no emitir nuevos contratos de exploración están limitando la producción y la disponibilidad de gas.

Para abordar esta creciente escasez, Colombia ha comenzado a depender más de las importaciones de GLP, que se espera que representen hasta el 30% del suministro de gas natural en 2026. Esto no solo incrementará los costos para los consumidores, sino que también afectará negativamente la balanza comercial del país. En este contexto, la intervención de EE. UU. en Venezuela, que incluye la posibilidad de reactivar el oleoducto Antonio Ricaurte para transportar gas desde Venezuela a Colombia, podría ofrecer una solución más económica a largo plazo.

A pesar de las oportunidades que presenta la reactivación del oleoducto, se requerirán meses de trabajo para restaurar la infraestructura dañada. Hasta que esto se logre, Colombia seguirá dependiendo de las costosas importaciones de GLP, lo que plantea un desafío significativo para la economía del país. La situación es crítica, especialmente en un año electoral, donde la estabilidad económica es fundamental para el gobierno de Petro.