La reciente subida del 11% en la tasa de actividad de personas mayores de 66 años refleja una tendencia preocupante en la economía argentina. Cada vez más jubilados se ven obligados a regresar al mercado laboral debido a la caída de sus ingresos y la persistente inflación, que no cede. Este fenómeno, que se ha definido como 'ingreso laboral supervivencial', indica que muchos de estos trabajadores buscan complementar sus jubilaciones, que han perdido poder adquisitivo en un contexto de recesión económica.

La morosidad familiar ha alcanzado niveles alarmantes, tocando el máximo en dos décadas, lo que agrava la situación económica de los hogares. En enero, la morosidad creció por decimoquinto mes consecutivo, lo que ha llevado a un aumento en las tasas de interés y a una restricción del crédito por parte de las entidades bancarias. Este ciclo vicioso de inflación y morosidad está afectando el consumo y la recaudación fiscal, lo que obliga al Gobierno a implementar recortes en el gasto público.

El Gobierno ha comenzado a postergar pagos a proveedores y reintegros a exportadores como parte de sus esfuerzos para mantener el superávit fiscal. Esta práctica de 'pisar la caja' es una estrategia recurrente en la política argentina, que busca aliviar la presión fiscal a corto plazo, pero que puede tener consecuencias negativas a largo plazo. La falta de liquidez está generando impaciencia entre los sectores afectados, especialmente en áreas críticas como la salud y la obra pública.

En este contexto, los inversores deben estar atentos a cómo estas dinámicas económicas pueden influir en el clima de negocios en Argentina y en la región. La combinación de un mercado laboral debilitado y un Gobierno que recorta gastos podría tener repercusiones en la estabilidad económica y en las oportunidades de inversión en el país.