El Congreso de Perú ha aprobado un conjunto de leyes que aumentará de manera permanente el gasto público en aproximadamente S/7.000 millones anuales. Este incremento se produce en un contexto donde las cuentas fiscales ya enfrentan presiones para reducir el déficit, lo que genera preocupación entre economistas y analistas financieros.

Entre las medidas aprobadas se incluyen la incorporación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones para trabajadores del régimen CAS, así como cambios en el sistema previsional de la Caja Militar y Policial. Estas decisiones, según estimaciones, podrían añadir entre S/6.800 millones y S/7.000 millones al gasto estatal sin contar con una fuente de financiamiento definida, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad fiscal del país.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, advirtió que este tipo de compromisos son permanentes y no temporales, lo que hace que el presupuesto público se vuelva más rígido. Además, el nuevo gasto podría complicar el cumplimiento de la meta fiscal del Gobierno, que busca reducir el déficit fiscal del 2,2% del PBI al 1,8% este año, un objetivo que ahora enfrenta mayores desafíos.

El impacto de estas decisiones podría ser aún más significativo si se consideran otras iniciativas que el Congreso está discutiendo. La falta de financiamiento para estos nuevos gastos obligará al Estado a optar entre aumentar la deuda, recortar otros programas o incrementar impuestos, lo que podría trasladar la carga a los ciudadanos y afectar el clima económico en general.