El Congreso de Perú aprobó recientemente un proyecto que busca modificar el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), permitiendo que más de 300 mil trabajadores accedan a beneficios laborales como gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Esta medida, que fue aprobada en segunda votación el 12 de marzo, podría tener un impacto fiscal significativo, estimado en S/ 3,000 millones anuales, lo que ha llevado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a evaluar cuidadosamente su implementación.

Gerardo López, titular del MEF, mencionó que el gobierno espera recibir la autógrafa del Congreso para decidir si se publicará como ley o si se observará por sus implicaciones fiscales. En este sentido, el MEF ha mantenido una postura de resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que indica que cualquier decisión será tomada con cautela y en función de la estabilidad económica del país.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) también ha expresado su preocupación por el impacto de estas medidas en la consolidación fiscal. Adrián Armas, gerente central de estudios económicos del BCRP, enfatizó la necesidad de que las autoridades actúen con precaución, tanto en la reducción de la presión tributaria como en el gasto público, lo que refleja un contexto de incertidumbre económica que podría influir en las decisiones de inversión en la región.

Este desarrollo es relevante no solo para los trabajadores peruanos, sino también para los inversores que operan en la región, ya que un aumento en el gasto público podría tener repercusiones en la inflación y en las tasas de interés. La situación fiscal de Perú es un factor a considerar para aquellos que buscan oportunidades en el mercado latinoamericano, especialmente en un contexto donde Brasil y otros países de la región también enfrentan desafíos económicos similares.