La Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) ha emitido un fuerte comunicado en el que critica el funcionamiento de diversas dependencias del Estado, señalando que la burocracia y la lentitud en la toma de decisiones están afectando gravemente al sector pesquero. A pesar de las promesas del presidente Yamandú Orsi de avanzar en políticas prioritarias para el sector, los empresarios afirman que la pesca sigue sufriendo y que miles de empleos están en riesgo debido a la falta de acción gubernamental.

Entre los principales cuestionamientos, la CIPU menciona a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), acusándola de ser irracional y de imponer multas excesivas por infracciones menores. Un caso específico involucró a una empresa que fue sancionada por navegar ligeramente dentro de una franja prohibida, lo que pone de manifiesto la rigidez de las regulaciones y la falta de flexibilidad en la interpretación de las normativas.

Además, la CIPU destaca la rapidez del Ministerio de Ambiente para autorizar prospecciones sísmicas que, según advierten, podrían tener un impacto devastador en la pesca. A pesar de los estudios científicos que demuestran el daño potencial, el gobierno parece priorizar otras actividades sobre la protección del sector pesquero, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad de las empresas y los empleos en el futuro.

La crítica a la burocracia no es nueva, pero se intensifica en un contexto donde la industria pesquera ya ha enfrentado conflictos laborales que llevaron a la paralización de actividades. La situación actual podría ser un llamado de atención para las autoridades, ya que la falta de acción podría llevar a una crisis más profunda en un sector clave para la economía local.