El Congreso de Perú ha aprobado en segunda votación un proyecto que modifica el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), permitiendo que más de 373,000 trabajadores reciban beneficios laborales como gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este cambio busca otorgar gratificaciones equivalentes a una remuneración mensual por Fiestas Patrias y Navidad, además de establecer un sistema de CTS basado en el 100% del salario mensual por cada año de servicio.

El impacto fiscal de esta medida es significativo, con estimaciones que apuntan a un costo anual de S/ 3,000 millones, lo que ha generado preocupación entre economistas y autoridades financieras. El presidente del Banco Central de Reserva de Perú, Julio Velarde, ha expresado su inquietud sobre el aumento del gasto corriente y la falta de meritocracia en el sistema, mientras que el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, ha calificado la decisión como irresponsable y peligrosa para la sostenibilidad fiscal del país.

La modificación del régimen CAS también plantea cambios en la duración y tipos de contratos, introduciendo modalidades que podrían afectar la estabilidad laboral de los trabajadores. Se prevé que estas reformas generen un debate sobre la equidad en el sector público, ya que otros regímenes laborales no cuentan con los mismos beneficios, lo que podría llevar a cuestionamientos legales y a una mayor presión sobre el presupuesto estatal.

Este contexto legislativo es crucial para los inversores, ya que un aumento en el gasto público podría tener repercusiones en la economía peruana y, por ende, en la región. La incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad del gobierno para manejar estos nuevos compromisos podría influir en la confianza del mercado y en las decisiones de inversión en Perú y en países vecinos como Argentina.