El fenómeno climático conocido como Niño Costero ha adelantado su llegada al Perú, generando una crisis para la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Esta situación ha llevado a la ANIN a resolver cuatro contratos con la constructora española Obrascon Huarte Laín (OHLA) por obras de defensas ribereñas en siete ríos, que suman un costo estimado de más de S/ 2,000 millones. Las obras, que ya contaban con avances significativos, se encuentran ahora en un limbo debido a la falta de recursos y a sanciones internacionales no reveladas que afectan a OHLA.

La ANIN ha comunicado que la resolución de estos contratos se enmarca dentro de un acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino Unido y está relacionada con cláusulas anticorrupción activadas tras una fiscalización. Sin embargo, la falta de claridad sobre las sanciones y el hecho de que OHLA no registra inhabilitaciones recientes plantea interrogantes sobre la gestión de la ANIN y su capacidad para manejar la crisis. La situación se complica aún más con la necesidad de reactivar obras paralizadas desde 2025, lo que podría llevar a un aumento en los costos de los proyectos.

A pesar de las dificultades, la ANIN ha asegurado que tomará medidas para evitar que la ejecución de los proyectos se vea afectada. Están considerando la posibilidad de continuar algunos trabajos mediante la cesión de subcontratos o la contratación directa de subcontratistas involucrados en la obra. Sin embargo, el costo final de estos proyectos podría incrementarse significativamente, alcanzando casi S/ 8,000 millones, lo que representa un desafío adicional para el presupuesto del gobierno peruano.

La situación actual también ha generado críticas sobre la gestión de la ANIN, que ha sido acusada de actuar con improvisación y de no haber tomado decisiones oportunas para evitar la crisis. Expertos en gestión pública han señalado la necesidad de una revisión exhaustiva de la cartera de proyectos de la ANIN para asegurar que se prioricen las obras más críticas en medio de la emergencia climática. La falta de acción rápida podría resultar en más arbitrajes y complicaciones legales para el país, lo que afectaría aún más la inversión en infraestructura.