La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha solicitado al Gobierno nacional la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, destacando la emergencia presupuestaria para 2026. Esta decisión, adoptada unánimemente por el Consejo Superior, surge ante la falta de actualización del presupuesto nacional, que no refleja las necesidades actuales de la universidad en términos de funcionamiento, sueldos y servicios esenciales.

Las autoridades de la UBA han instado a los Ministerios de Capital Humano y de Economía a actualizar urgentemente el presupuesto, considerando la inflación y las necesidades operativas de la institución. En particular, se enfatiza la importancia de mejorar la infraestructura universitaria, fortalecer las becas estudiantiles y asegurar el financiamiento de los colegios preuniversitarios, elementos críticos para el desarrollo educativo y profesional del país.

Los docentes de la UBA han anunciado un paro nacional a partir del 16 de marzo, exigiendo la aplicación de la ley y la convocatoria a paritarias. La Ley de Financiamiento Universitario, que ya fue aprobada en el Congreso, se encuentra actualmente sin aplicación debido a un veto del Poder Ejecutivo, lo que ha generado un clima de tensión y descontento en el ámbito educativo.

La situación se complica aún más con la propuesta del Gobierno de un aumento presupuestario inferior al requerido, lo que ha llevado a la UBA y otras universidades a considerar acciones legales para forzar la implementación de la ley. La falta de recursos adecuados podría impactar negativamente en la calidad educativa y en la atención en los hospitales universitarios, lo que resalta la importancia de una resolución rápida y efectiva de este conflicto.