La concesión de nuevos préstamos consignados a beneficiarios del INSS en Brasil ha disminuido un 40% en los últimos dos años, alcanzando un total de R$ 22,6 mil millones en los primeros cuatro meses de 2026, en comparación con R$ 33,7 mil millones en el mismo periodo de 2025 y R$ 37,7 mil millones en 2024. Esta caída se produce en un contexto de deterioro de la situación financiera de los ancianos y un endurecimiento de las reglas de contratación, que ha dejado a un cuarto de los jubilados inelegibles para este tipo de crédito. Este cambio ha sido interpretado por algunos expertos como una señal de ajuste saludable en el mercado, tras años de fraudes y prácticas abusivas por parte de las instituciones financieras.

La tasa de interés del crédito consignado del INSS se situó en 23,9% anual en abril, lo que representa menos de la mitad de la media de 63% anual que enfrentan los consumidores en otras modalidades de crédito. Sin embargo, el acceso a este crédito se ha vuelto más complicado debido a la implementación de medidas de seguridad, como la obligación de realizar una verificación biométrica a través del sistema Meu INSS, lo que ha dejado a muchos beneficiarios sin la posibilidad de acceder a este tipo de financiamiento. En abril de 2026, el saldo total de préstamos consignados alcanzó R$ 281,7 mil millones, con aproximadamente el 38% de los beneficiarios del INSS teniendo al menos un préstamo activo.

La situación se ha agravado por el aumento del endeudamiento entre los ancianos, donde casi la mitad de las personas mayores de 60 años estaban negativadas a finales de 2025, en comparación con poco más del 35% a finales de 2021. Un estudio reciente reveló que cerca del 80% de los jubilados comprometen entre el 81% y el 100% de su ingreso en deudas y gastos fijos, lo que limita su capacidad para acceder a nuevos créditos. Este contexto ha llevado a una mayor regulación y control sobre la concesión de créditos, en un esfuerzo por proteger a los consumidores más vulnerables.

Las instituciones financieras han expresado su preocupación por las restricciones impuestas, argumentando que la exigencia de biometría ha hecho que el proceso de contratación sea extremadamente complicado, lo que a menudo lleva a los jubilados a optar por créditos más caros, incluyendo préstamos de prestamistas informales. La complejidad del proceso se ha intensificado desde abril de 2026, cuando se volvió imposible registrar la biometría en el Tribunal Superior Electoral debido a la proximidad de las elecciones. Esto ha llevado a una situación en la que muchos ancianos, que ya enfrentan dificultades financieras, se ven obligados a buscar alternativas menos seguras y más costosas.

A futuro, es crucial observar cómo el gobierno brasileño y las instituciones financieras abordarán la situación del crédito consignado. La necesidad de un marco regulatorio más claro y efectivo se vuelve evidente, especialmente considerando que el 25% de los beneficiarios aún no tienen su biometría registrada. La discusión sobre límites de comprometimiento de ingresos y la forma en que se ofrecen los créditos será vital para reducir la inadimplencia y proteger a los consumidores más vulnerables. La evolución de estas políticas y su impacto en el acceso al crédito serán aspectos clave a seguir en los próximos meses, especialmente en un contexto donde la situación financiera de los ancianos es cada vez más precaria.