El Gobierno argentino logró mantener un superávit fiscal en mayo, alcanzando un total de $1,92 billones, aunque este resultado es inferior en términos reales al del año anterior. A pesar de que el superávit primario se sostiene, la desaceleración de la inflación ha comenzado a afectar las cuentas públicas, limitando el margen para continuar con políticas de ajuste. Los ingresos del Sector Público Nacional cayeron un 4,1% real interanual, mientras que el gasto primario se redujo un 2,2%, según datos de IARAF.

Este cambio en la dinámica fiscal se produce en un contexto donde la inflación, que había estado en aumento durante casi un año, comenzó a desacelerarse en abril y mayo. Esto ha llevado a que algunas erogaciones, como jubilaciones y otras prestaciones, empiecen a recuperar poder adquisitivo, lo que contrasta con el proceso de licuación que se había observado anteriormente. En mayo, las jubilaciones crecieron un 1,2% real interanual, mientras que las prestaciones del PAMI aumentaron un 10,6% y la Asignación Universal por Hijo (AUH) un 8,6%. Esta situación está generando tensiones en el gasto público, ya que el ajuste se ha tenido que concentrar en otras partidas.

En el acumulado del año, los ingresos totales han mostrado una caída del 4,3% real, y los ingresos tributarios han disminuido un 6,1%. Esto ha llevado a que el superávit primario acumulado muestre una caída real del 12% en comparación con el mismo período del año anterior. A pesar de esta caída, el Gobierno aún supera en $1,15 billones las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para junio, aunque estas metas fueron revisadas a la baja en la segunda revisión del programa.

La situación fiscal se complica aún más con la presión sobre los subsidios energéticos, que han aumentado en comparación con el año anterior. En los primeros cinco meses de 2026, el gasto en subsidios energéticos alcanzó el 0,23% del PBI, superando el nivel registrado en el mismo período de 2025. Esto se debe a mayores costos energéticos y a un ajuste más gradual en las tarifas. La combinación de una actividad económica débil y la caída de los ingresos tributarios plantea un desafío significativo para la sostenibilidad fiscal del Gobierno.

Mirando hacia el futuro, la discusión sobre el equilibrio fiscal se intensificará. JP Morgan mantiene su proyección de un presupuesto equilibrado para 2026, sugiriendo que un superávit primario del 1,5% del PBI será suficiente para cubrir los intereses de la deuda. Sin embargo, otras consultoras, como One618, advierten que el Gobierno podría cerrar el año con un superávit primario inferior al compromiso asumido con el FMI, entre el 1% y el 1,1% del PBI. Esto sugiere que el Gobierno podría enfrentar la necesidad de implementar nuevos recortes para mantener el equilibrio fiscal, lo que podría tener implicaciones para la política económica en el corto y mediano plazo.