Varios estados de EE.UU. están tomando medidas enérgicas contra la expansión de los centros de datos, impulsados por la presión de los consumidores que enfrentan crecientes facturas de servicios públicos y preocupaciones sobre el suministro de energía. Se estima que para 2030, estos centros consumirán una parte significativa de la energía del país, lo que ha llevado a algunos estados a prohibir o restringir su desarrollo. En 2025, la demanda de energía de los centros de datos en EE.UU. alcanzó aproximadamente 61.8 GW, y se espera que continúe aumentando, lo que genera inquietud entre los legisladores y la población.

A nivel global, se prevé que los centros de datos dupliquen su consumo de energía y agua para 2030, según un informe de la ONU. En 2025, estos centros consumieron 448 teravatios-hora de electricidad, con la inteligencia artificial representando una quinta parte de este total. Además, generaron 189 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, lo que subraya la necesidad de un enfoque más sostenible en su desarrollo. Esta situación ha llevado a un creciente rechazo por parte de los ciudadanos, con un 70% de los estadounidenses oponiéndose a la construcción de nuevos centros de datos en sus comunidades.

Entre los estados que están considerando restricciones se encuentran Georgia, Maryland, Nueva York y Virginia, donde se han presentado propuestas legislativas para frenar el crecimiento de estos centros. Por ejemplo, Nueva York está a un paso de convertirse en el primer estado en implementar una moratoria sobre centros de datos de gran tamaño, lo que refleja un cambio en la percepción pública y política sobre el impacto ambiental y energético de estas instalaciones. En California, la ciudad de Monterey Park se convirtió en la primera en imponer una prohibición permanente, evidenciando la creciente resistencia local.

Las implicancias para los inversores son significativas, ya que el desarrollo de centros de datos ha sido visto como una oportunidad de inversión en el sector tecnológico. Sin embargo, la creciente oposición y las restricciones legislativas podrían limitar el crecimiento de este mercado. Las empresas tecnológicas que dependen de estos centros para sus operaciones podrían enfrentar mayores costos y desafíos regulatorios, lo que podría afectar sus márgenes de ganancias y, en última instancia, su valoración en el mercado. Los inversores deben estar atentos a cómo estas dinámicas podrían influir en las acciones de empresas tecnológicas y en el sector energético.

A medida que la presión sobre los legisladores aumenta, es probable que más estados sigan el ejemplo de Nueva York y California. Los inversores deben monitorear de cerca las decisiones legislativas en estos estados y en otros lugares, especialmente en relación con la energía y el medio ambiente. Eventos como votaciones locales y decisiones de gobernadores sobre moratorias y regulaciones serán cruciales para entender la dirección futura de la inversión en centros de datos. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían establecer precedentes que afecten el panorama energético y tecnológico en EE.UU. y, potencialmente, en otras regiones, incluida América Latina.