El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Chile ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que interponga una querella criminal contra las entidades patrocinantes Social Arquitectura y Uno a Uno. Esta acción se deriva de irregularidades detectadas en el proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, tras los devastadores incendios de 2024. Según el comunicado emitido por el Minvu, las irregularidades incluyen falsificación de documentos, fraude al fisco y otros delitos graves que comprometen la seguridad estructural de las obras.

La investigación interna del Minvu ha revelado que un exdirector de Serviu Valparaíso firmó un certificado que acreditaba a 1.006 beneficiarios de Social Arquitectura en 14 proyectos, a pesar de que estos no cumplían con los requisitos reglamentarios. Se encontró que varios de estos proyectos tenían un avance del 0%, lo que plantea serias dudas sobre la gestión y supervisión de las entidades involucradas. Este aumento de categoría en el Registro Regional de Asistencia Técnica (CRAT) permitió a Social Arquitectura acceder a proyectos complejos valorados en más de 29 mil millones de pesos chilenos, sin contar con la experiencia necesaria.

Además, la investigación ha identificado conflictos de interés, como el vínculo matrimonial entre una funcionaria del Serviu Valparaíso y la entidad Uno a Uno, que también suscribió convenios con el Minvu. Estas irregularidades no solo afectan la transparencia del proceso de reconstrucción, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las viviendas construidas, ya que se han reportado deficiencias estructurales y el uso de sistemas constructivos no autorizados. La situación es alarmante, considerando que muchos de estos proyectos son vitales para las familias afectadas por los incendios.

Desde el Minvu se han tomado medidas adicionales, como la instrucción de sumarios administrativos para determinar responsabilidades entre los funcionarios públicos involucrados. También se ha ordenado una auditoría nacional sobre los convenios de asistencia técnica vigentes, lo que podría tener implicaciones significativas para otras entidades y proyectos en el país. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión y regulación en el sector de la construcción, especialmente en contextos de emergencia como el que se vivió en El Olivar.

A futuro, es crucial monitorear cómo se desarrollan estas acciones legales y las auditorías en curso. La Corte de Apelaciones de Valparaíso aún no ha revertido las decisiones tomadas por el Minvu, lo que sugiere que las medidas adoptadas para paralizar y demoler obras con deficiencias seguirán vigentes. Con la atención del público y los medios sobre este caso, se espera que se tomen decisiones que fortalezcan la confianza en el sistema de reconstrucción y en la gestión de recursos públicos en Chile.