El Juzgado Federal de Villa Mercedes, en San Luis, ha ordenado un embargo preventivo de más de $665 millones sobre los fondos administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Esta medida se produce en el contexto de una demanda presentada por San Luis CTV S.A., una empresa local de telecomunicaciones que reclama el cumplimiento de un contrato firmado en septiembre de 2023. La empresa sostiene que el Enacom no ha cumplido con sus obligaciones contractuales relacionadas con la ampliación de la infraestructura de conectividad en barrios populares de la provincia, lo que podría tener repercusiones en la ejecución de programas públicos de conectividad en Argentina.

La demanda de San Luis CTV S.A. se centra en la necesidad de que el Enacom actualice los montos comprometidos para la ejecución de las obras, que se han visto afectados por la inflación. La empresa reclama una “adecuación contractual” de $545,6 millones, además de daños por demoras en los desembolsos y la aprobación de rendiciones de cuentas. Este caso pone de relieve las tensiones entre las empresas de telecomunicaciones y el organismo regulador, especialmente en un contexto donde la conectividad es crucial para el desarrollo económico y social.

El proyecto en cuestión fue aprobado bajo un programa destinado a financiar redes de acceso a internet en barrios populares, utilizando recursos del Fondo de Servicio Universal. Este fondo fue creado por la Ley Argentina Digital para promover el acceso a las telecomunicaciones en áreas con déficits de conectividad. Sin embargo, la empresa argumenta que el Enacom ha incumplido cláusulas contractuales que preveían la actualización de los montos según índices oficiales de precios, lo que ha generado un clima de incertidumbre sobre la ejecución de proyectos vitales para la comunidad.

La defensa del Enacom ha rechazado las acusaciones, argumentando que las solicitudes de actualización requieren análisis técnicos y económicos adicionales. Además, el organismo ha señalado que la aceleración inflacionaria ha llevado a que muchos proyectos superen los límites máximos establecidos, lo que ha obligado a una revisión integral de las solicitudes de recomposición de montos. Sin embargo, el juez de Villa Mercedes consideró que existían suficientes fundamentos para la medida cautelar, destacando el riesgo de que una eventual sentencia favorable pudiera perder eficacia con el tiempo.

La resolución del juez establece que el embargo preventivo será por un total de $665,678,008, que incluye $545,678,008 más $120 millones destinados a cubrir intereses y eventuales acrecidas. Esta medida tendrá vigencia por seis meses y está condicionada a que la empresa constituya una contracautela de $90 millones. A medida que este caso avanza, será importante monitorear cómo afecta la ejecución de proyectos de conectividad en Argentina y si se generan precedentes que impacten en la relación entre el sector privado y el organismo regulador en un contexto de creciente demanda de servicios de telecomunicaciones.