La Advocacia-Geral da União (AGU) de Brasil ha publicado una nueva portaria el 10 de junio de 2026, destinada a incrementar la transparencia y el control sobre las transacciones de compra y venta de precatorios, que son deudas reconocidas por el gobierno federal tras decisiones judiciales. Esta medida surge en respuesta a la falta de un registro centralizado que permita identificar a los beneficiarios finales de estos títulos, lo que ha dificultado el control y la detección de fraudes en el mercado. La normativa establece que cualquier operación de compra o venta de precatorios debe ser notificada a la AGU a través de un sistema electrónico, y sin esta notificación, la cesión de crédito no tendrá validez, lo que implica que el comprador no podrá reclamar el pago correspondiente.

Los precatorios son deudas que el gobierno debe pagar tras condenas judiciales definitivas, y su compra y venta ha atraído la atención de bancos y fondos de inversión, generando un movimiento financiero que se estima en miles de millones de reales. Sin embargo, la falta de un registro centralizado ha permitido que se produzcan fraudes, como la venta del mismo título a múltiples compradores. Este problema se hizo evidente con el caso del Banco Master, que fue liquidado tras ser investigado por fraudes en el sistema financiero, y que había adquirido precatorios para inflar artificialmente su balance.

La nueva regulación, que entrará en vigor en 180 días, busca evitar que situaciones como la del Banco Master se repitan. La AGU también planea implementar un sistema de monitoreo que centralice la información sobre las transacciones de precatorios, facilitando su acceso al público. Esto es fundamental, ya que la falta de transparencia en este mercado ha generado desconfianza entre los inversores y ha permitido que se realicen operaciones poco claras, lo que podría afectar la estabilidad del sistema financiero.

Para los inversores, esta nueva normativa representa un cambio significativo en la forma en que se operan los precatorios. La obligación de notificar a la AGU podría hacer que las transacciones sean más seguras y transparentes, pero también podría generar un aumento en los costos de operación. Además, los compradores de precatorios deberán ser más cautelosos, ya que la falta de cumplimiento con la nueva regulación podría resultar en la pérdida de derechos sobre los créditos adquiridos. Esto podría llevar a una reevaluación de los riesgos asociados a la compra de precatorios, especialmente en un contexto donde la incertidumbre económica persiste.

A futuro, será crucial observar cómo se implementa esta normativa y si efectivamente logra reducir las irregularidades en el mercado de precatorios. La AGU ha señalado que la centralización de la información podría ayudar a evitar nuevos litigios y mejorar la confianza en el sistema. Además, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) está considerando la posibilidad de exigir que las transacciones de precatorios se realicen mediante escritura pública, lo que podría aumentar aún más la transparencia en este mercado. Los próximos meses serán decisivos para evaluar el impacto de estas medidas en la dinámica del mercado de precatorios y su efecto en la economía brasileña, así como en la percepción de los inversores argentinos que operan en la región.