El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, Antonio Walker, ha expresado su firme rechazo a la posible imposición de un arancel del 12,5% por parte de Estados Unidos sobre productos agrícolas chilenos. Esta medida, que se enmarca en una acusación de la administración de Donald Trump sobre el trabajo forzoso en la producción de ciertos bienes, podría afectar gravemente las relaciones comerciales entre ambos países. Walker enfatizó que aceptar cambios arancelarios injustificados alteraría las condiciones históricas de la relación diplomática y comercial que Chile ha construido con EE.UU.

La propuesta del arancel surge en un contexto donde EE.UU. ha señalado a Chile y a otras 59 economías por no tomar medidas adecuadas contra la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Este arancel no afectaría a productos como el cobre, pero sí a los alimentos, lo que podría tener un impacto significativo en la economía chilena, que depende en gran medida de sus exportaciones agrícolas. Walker subrayó la necesidad de contar con "reglas claras y estables" para potenciar el rol exportador de Chile en el sector alimentario.

En el marco del seminario "¿Cómo viene la temporada?", Walker también hizo un llamado a fortalecer y modernizar los tratados de libre comercio existentes, sugiriendo que Chile debería ampliar sus mercados hacia regiones como India, Medio Oriente, el norte de África, y el sudeste asiático. Esta diversificación es crucial para mitigar el riesgo de dependencia de un solo mercado, especialmente ante la incertidumbre que genera la política comercial de EE.UU.

La situación actual plantea un desafío para los productores chilenos, quienes ya enfrentan problemas en otros sectores, como el de la remolacha. A pesar de los retos, Walker destacó el buen desempeño de productos como los frutos secos, la carne y la leche, que están en un momento positivo en términos de demanda internacional. Sin embargo, la amenaza de un arancel podría empañar estas perspectivas, afectando tanto a los productores como a los consumidores en el mercado global.

De cara al futuro, es fundamental que el gobierno chileno mantenga un diálogo abierto con EE.UU. para evitar la implementación del arancel. Las consultas públicas sobre esta medida están programadas para julio, lo que brinda una ventana de oportunidad para que Chile presente su caso y busque alternativas que eviten decisiones que puedan perjudicar a la cadena de abastecimiento global. La situación se mantiene en evolución, y los actores del mercado deben estar atentos a las negociaciones y a los resultados de estas consultas, que podrían definir el rumbo de las exportaciones chilenas en el corto y mediano plazo.