Iraq, el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP, enfrenta una crisis económica crítica con el inminente cierre de dos oleoductos clave hacia Turquía el 27 de julio. Estos oleoductos han sido vitales para la exportación de crudo iraquí, especialmente tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero, que ha limitado drásticamente las opciones de exportación del país. Antes de esta crisis, aproximadamente el 95% del petróleo iraquí se enviaba a destinos clave en Asia, incluyendo China, a través de esta ruta. La incapacidad de Iraq para exportar su petróleo ha llevado a un aumento en la acumulación de crudo en sus tanques de almacenamiento, lo que ha forzado al país a cerrar pozos de producción, amenazando su capacidad de producción a largo plazo.

La situación se ha agravado desde la decisión de un tribunal de arbitraje internacional en marzo de 2023, que dictó que Turquía debía pagar a Bagdad 1.500 millones de dólares por violar el Acuerdo de Oleoducto de 1973. Este fallo se produjo tras la decisión de Ankara de permitir que el gobierno de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí exportara petróleo de forma independiente, eludiendo al gobierno federal de Bagdad. Esta independencia en la exportación de petróleo ha sido vista por Bagdad como una amenaza a su estabilidad económica, dado que más del 90% de su presupuesto anual proviene del petróleo.

En respuesta a la crisis, Iraq ha intentado diversificar sus métodos de exportación, utilizando camiones cisterna para transportar crudo a través de tierra. Sin embargo, esta alternativa ha demostrado ser insuficiente, alcanzando un máximo de aproximadamente 500 camiones diarios, lo que representa solo una fracción de su capacidad de producción anterior. En abril, la producción de crudo iraquí cayó a un promedio de 1.389 millones de barriles por día, una caída significativa desde los 4.1 millones de barriles por día en los meses previos al cierre del Estrecho. Esta caída en la producción es comparable a los niveles inmediatamente posteriores a la invasión liderada por Estados Unidos en 2003.

Las implicaciones para los inversores son serias. La falta de capacidad para exportar petróleo podría llevar a Iraq a una crisis fiscal, afectando su capacidad para cumplir con obligaciones financieras y sociales. Si no se logra un acuerdo con Turquía antes del 27 de julio, el país podría enfrentar una disminución aún mayor en su producción y, por ende, en sus ingresos. Esto podría resultar en un aumento de la inestabilidad política y social, lo que a su vez podría afectar a los mercados regionales, incluyendo a Argentina, que tiene vínculos comerciales con el sector energético global.

De cara al futuro, es crucial monitorear las negociaciones entre Iraq y Turquía. La presión sobre Ankara para llegar a un acuerdo podría aumentar, especialmente dado el contexto geopolítico en la región. Las concesiones que Turquía podría exigir, como un aumento en las tarifas por barril de petróleo y la creación de joint ventures en el sector energético, serán determinantes para el futuro inmediato de Iraq. La fecha del 27 de julio se perfila como un punto crítico que podría definir el rumbo económico del país y sus relaciones comerciales en la región.