En los últimos meses, Perú ha enfrentado una crisis significativa en el abastecimiento de gas y combustibles, especialmente del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Desde la rotura del gasoducto de TGP, que ocurrió hace tres meses, no se han presentado soluciones efectivas por parte del sector público para garantizar el suministro de GLP, que es el combustible más utilizado en el país. La situación se agrava a medida que la demanda de GLP ha mostrado un crecimiento sostenido, aumentando de 55,636 a 71,419 barriles por día entre 2020 y 2025, lo que representa un incremento del 28.3% en solo cinco años. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), se espera que la demanda continúe creciendo un 7% este año en comparación con el anterior, lo que plantea serias preocupaciones sobre el abastecimiento futuro.

La dependencia de las importaciones de GLP ha aumentado notablemente, pasando del 30% en años anteriores a un 41% a fines de 2025. Este aumento en las importaciones no solo incrementa los costos para los consumidores peruanos, sino que también pone en riesgo la seguridad energética del país. A pesar de que la producción de líquidos de gas natural, que son utilizados para producir GLP, ha disminuido en un 13.8% en comparación con el año anterior, el país sigue sin desarrollar la infraestructura necesaria para almacenar mayores volúmenes de importación de GLP. Las principales instalaciones de almacenamiento en Perú, como las de Pluspetrol y Petroperú, no son suficientes para satisfacer la creciente demanda, especialmente en Lima y Callao, donde la capacidad de almacenamiento solo puede cubrir la demanda por cinco días.

El presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), Jovan Pastor, advirtió que, si la tendencia de aumento de la demanda y la disminución de la oferta continúa, Perú podría verse obligado a importar todo el gas que necesita en un futuro cercano. Este escenario es preocupante, ya que la falta de infraestructura de almacenamiento adecuada podría llevar a un desabastecimiento crítico. A pesar de la gravedad de la situación, los candidatos a la segunda vuelta electoral no han abordado adecuadamente este problema en sus propuestas, lo que podría tener repercusiones significativas para el próximo gobierno.

Los factores que obstaculizan la inversión en nueva infraestructura de almacenamiento incluyen una regulación rígida y un proceso de permisos complicado que involucra múltiples entidades gubernamentales. Esta burocracia ha desincentivado a los inversionistas, como lo demuestra el caso de Solgas, que ha estado esperando más de dos años para obtener los permisos necesarios para expandir su capacidad de almacenamiento. Pastor ha propuesto un “shock” desregulatorio para simplificar este proceso y fomentar asociaciones público-privadas que faciliten el desarrollo de la infraestructura necesaria.

Mirando hacia el futuro, es crucial que el Estado tome la iniciativa para promover inversiones en infraestructura de GLP. La seguridad energética es una responsabilidad del gobierno, y se sugiere que ProInversión podría jugar un papel clave en la promoción de estas inversiones. Con la creciente demanda y la insuficiencia de la infraestructura actual, los próximos meses serán decisivos para determinar cómo Perú abordará este desafío crítico en su sector energético.