El Gobierno argentino avanza en la modificación de la ley de inocencia fiscal, un régimen que busca regularizar ahorros no declarados y facilitar su ingreso al circuito formal. La nueva versión del proyecto, que ha sido enviada al Congreso, elimina los límites de ingresos y patrimonio que se habían establecido en la versión inicial. Originalmente, se requería que los contribuyentes tuvieran ingresos anuales de hasta $1000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones para poder adherir al régimen. Con esta modificación, se espera que un mayor número de contribuyentes, independientemente de su situación patrimonial, pueda beneficiarse de esta normativa.

Este cambio responde a las críticas y sugerencias de tributaristas y contadores que habían advertido que los topes podían desalentar la participación en el régimen simplificado de Ganancias. Este régimen es clave para la estrategia del Gobierno, que busca incentivar el uso de los “dólares del colchón”, es decir, aquellos ahorros que los ciudadanos mantienen fuera del sistema financiero. La eliminación de estos límites se considera un paso hacia un esquema más inclusivo, permitiendo que más personas regularicen su situación fiscal sin restricciones severas.

Otro aspecto importante de la reforma es la aclaración sobre las operaciones inmobiliarias. El nuevo texto establece que los pagos en efectivo en escrituras públicas para la compra de inmuebles serán compatibles con los requisitos del régimen. Esto es significativo dado que muchas transacciones inmobiliarias en Argentina se realizan en efectivo, y la incertidumbre sobre su compatibilidad con la ley había generado dudas entre los contribuyentes. Con esta medida, se busca facilitar el uso de ahorros no declarados para la adquisición de bienes, lo que podría estimular el mercado inmobiliario en un contexto donde la actividad económica ha sido débil.

Además, la reforma introduce cambios en el tratamiento de las discrepancias significativas en las declaraciones juradas. La norma establece que no se considerará una discrepancia significativa si la diferencia es inferior al 5% del monto previsto en el Régimen Penal Tributario, que actualmente equivale a aproximadamente $5 millones. Esto significa que los contribuyentes tendrán más margen para corregir errores sin perder los beneficios del régimen, lo que podría incentivar a más personas a participar en el mismo.

Finalmente, el proyecto también establece que la adhesión al régimen será considerada favorablemente por entidades financieras y otros actores del mercado, lo que podría facilitar el acceso a créditos y servicios financieros para quienes regularicen su situación. A pesar de estos avances, los contribuyentes deberán mantener su residencia fiscal en Argentina y las fiscalizaciones previas a la adhesión continuarán su curso normal. A medida que el proyecto avance en el Congreso, será crucial observar cómo se implementan estos cambios y su impacto en la economía y el comportamiento de los contribuyentes en el corto y mediano plazo.