El Gobierno argentino ha tomado decisiones significativas respecto a la Línea 144, que se encarga de atender casos de violencia de género y otros tipos de violencia. A pesar de que las funciones de esta línea se duplicaron, el personal se ha reducido a la mitad, pasando de 138 operadores en 2023 a solo 73 en 2026. Esto ha generado una situación crítica, especialmente en los horarios de mayor demanda, donde solo hay cinco operadores disponibles para atender emergencias durante la madrugada, un momento clave para las intervenciones.

La ampliación de las funciones de la Línea 144, que ahora incluye la atención de casos de violencia contra niños, niñas, adolescentes, poblaciones migrantes y adultos mayores, no ha sido acompañada por un aumento en los recursos humanos ni en los sistemas de registro. Según fuentes del Ministerio de Justicia, todos los casos son registrados como violencia de género, lo que dificulta la visibilidad de otros tipos de violencia que requieren atención específica. Este cambio se implementó en 2024, cuando la línea pasó a depender de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, pero sin los ajustes necesarios en la infraestructura y el personal.

La reducción del personal ha llevado a una disminución notable en la cantidad de llamadas y en las intervenciones efectivas. Entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, las comunicaciones a la Línea 144 cayeron un 29,6% a nivel nacional, mientras que las intervenciones disminuyeron un alarmante 48,7%. A pesar de que el gobierno ha afirmado que la línea funciona con normalidad, los datos indican que la capacidad de respuesta se ha visto gravemente afectada, lo que podría tener consecuencias serias para las víctimas de violencia que dependen de este servicio.

La situación se complica aún más con la descontinuación del programa Acompañar, que ofrecía asistencia psicosocial y económica a las víctimas. Este programa, que en 2023 beneficiaba a 100,000 personas, fue reducido a 3,572 en 2024 y se eliminó completamente en 2025. La falta de recursos y la reducción de personal en la Línea 144 y en programas de asistencia han creado un vacío en la atención a las víctimas, lo que podría llevar a un aumento en la violencia y la falta de denuncias, ya que muchas personas se sienten desalentadas a buscar ayuda.

Mirando hacia el futuro, es crucial que el gobierno revise sus políticas y asigne los recursos necesarios para garantizar una atención adecuada a las víctimas de violencia. La falta de respuesta en situaciones críticas puede tener un impacto duradero en la vida de muchas personas. La próxima evaluación del presupuesto para 2026 será un momento clave para observar si se implementan cambios en la asignación de recursos y si se restablecen programas de asistencia vitales. La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales seguirán presionando para que se tomen medidas efectivas que aseguren la protección y el apoyo a las víctimas de violencia en Argentina.