La situación en torno a la unidad minera Cobriza, que anteriormente era operada por Doe Run Perú y ahora está bajo la gestión de Operadores Concentrados Peruanos (OCP), sigue siendo compleja. A pesar de que un laudo arbitral emitido en julio de 2023 reconoció una deuda superior a los US$ 30 millones a favor de Depósitos Químicos Mineros (DQM), la ejecución de este fallo se encuentra estancada debido a diversas acciones judiciales y administrativas que han bloqueado su cumplimiento.

El laudo arbitral determinó que Doe Run incumplió con pagos relacionados con servicios estratégicos, lo que ha llevado a la acumulación de intereses y penalidades, elevando la deuda total a más de US$ 35 millones. Sin embargo, tanto OCP como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) han desafiado la ejecución del laudo, argumentando que no son responsables de cumplir con las órdenes del tribunal arbitral, lo que ha generado un clima de incertidumbre en el sector.

El abogado de DQM, Adrián Simons, ha señalado que la falta de cumplimiento de las decisiones arbitrales refleja una debilidad en el sistema judicial peruano, lo que podría desincentivar la inversión extranjera en el país. Además, este caso ha desencadenado otros procesos legales que complican aún más la situación, incluyendo un proceso laboral que involucra a antiguos liquidadores de Doe Run y el sindicato de trabajadores, lo que podría generar nuevas deudas laborales.

La situación actual resalta la fragilidad del marco legal en Perú y cómo esto puede afectar a los inversionistas, especialmente en un contexto donde la confianza en la ejecución de laudos arbitrales es crucial para el desarrollo de proyectos mineros. La incertidumbre en torno a la ejecución del laudo podría tener repercusiones no solo para las partes involucradas, sino también para el clima de inversión en la región, lo que es relevante para los inversores argentinos que buscan oportunidades en el mercado peruano.