La economía chilena enfrenta un momento crítico, evidenciado por la reciente caída del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de 1,2%, marcando cuatro meses consecutivos de contracciones, un fenómeno no visto desde los peores momentos de la pandemia. Este debilitamiento se produce en un contexto global complicado, donde la guerra en Medio Oriente y el aumento de los precios del petróleo han generado incertidumbre y presiones inflacionarias. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha ajustado sus proyecciones, anticipando que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) chileno no superará el 2% en 2026, con una expansión estimada de 1,7% para ese año, en comparación con el 2,6% de 2025.

El informe de la OCDE destaca que, a pesar de que el consumo privado y la inversión continuarán en expansión, los mayores costos de energía y las condiciones financieras más restrictivas afectarán negativamente la actividad económica. La inflación también es un tema preocupante, con proyecciones que indican un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a 3,8% en 2026, tras cerrar 2025 en 4,2%. Este incremento se atribuye principalmente a los costos de combustible y transporte, exacerbados por la situación en Medio Oriente, que ha elevado los precios internacionales del petróleo.

El panorama fiscal también es sombrío, con la OCDE proyectando un ajuste fiscal cercano a US$ 3.800 millones, equivalente a aproximadamente 1% del PIB, que se espera se implemente a través de mejoras en la eficiencia y un control más estricto del gasto. El déficit del gobierno central se prevé que disminuya de 2,8% del PIB en 2025 a 2,1% en 2027. Sin embargo, las medidas de alivio frente al encarecimiento de la energía tendrán un impacto fiscal limitado, lo que podría complicar aún más la situación económica del país.

Para los inversores, la situación en Chile es un recordatorio de la importancia de diversificar y considerar el contexto regional. La exposición indirecta a los costos energéticos globales y la posible desaceleración de la demanda externa son factores que podrían afectar las inversiones en el país. Además, la OCDE menciona riesgos adicionales, como la posibilidad de un shock energético más persistente y restricciones en la producción minera, que podrían impactar negativamente las exportaciones chilenas, especialmente en el sector del cobre, que es crucial para la economía nacional.

Mirando hacia el futuro, es fundamental que los inversores estén atentos a la implementación de reformas que puedan estimular la inversión y la productividad. La OCDE enfatiza la necesidad de un enfoque proactivo en la reforma de permisos empresariales y en la capacitación de la fuerza laboral para adaptarse a los cambios tecnológicos y ambientales. Con la inflación y los costos de energía en aumento, las decisiones políticas en los próximos meses serán cruciales para determinar la trayectoria económica de Chile en 2026 y más allá.