El Consejo Económico y Social de España (CES) ha publicado su memoria correspondiente a 2025, revelando que la desigualdad en la distribución de ingresos ha continuado su descenso por cuarto año consecutivo. Sin embargo, el informe señala que el crecimiento económico y la creación de empleo no han sido lo suficientemente inclusivos, manteniendo altos niveles de pobreza y exclusión social. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 25,7%, apenas una décima por debajo del año anterior, lo que refleja una situación preocupante en términos de bienestar social.

Un dato alarmante es que, a pesar de la disminución general de la desigualdad, el riesgo de pobreza infantil ha descendido solo ligeramente, afectando aún a más de un tercio de los menores de 16 años. Esta situación es crítica, ya que la pobreza infantil en España se traduce en un costo anual de aproximadamente 63.000 millones de euros en pérdidas de productividad y gastos asociados a problemas de salud, lo que representa alrededor del 5,1% del PIB. La persistencia de estos problemas pone en evidencia la necesidad de políticas más efectivas que aborden la inclusión social y económica.

El informe también destaca que la crisis bancaria ha dejado huellas profundas en la sociedad, con 4,3 millones de personas en situación de exclusión social severa, un aumento del 52% desde 2007. El acceso a la vivienda se identifica como un factor central en la desigualdad, lo que sugiere que las políticas de vivienda deben ser una prioridad para el gobierno español. La situación actual resalta la importancia de la pertenencia a la Unión Europea, donde el CES enfatiza que el Pilar Europeo de derechos sociales debe ser un activo clave para mejorar la productividad y cohesión social.

Desde la perspectiva de los inversores, la situación económica en España y su relación con la UE son cruciales. La falta de ambición en el nuevo Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034, que se considera insuficiente para cerrar las brechas de inversión, podría afectar la estabilidad económica y social en el país. Los inversores deben estar atentos a cómo estas políticas se implementan y su impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo inclusivo.

A futuro, es esencial monitorear las políticas que se implementen en respuesta a estos desafíos. La próxima reunión de la UE sobre el presupuesto y la discusión sobre la emisión de deuda pública conjunta serán eventos clave a seguir. Además, la evolución de la tasa de pobreza y la efectividad de las políticas sociales en España serán indicadores importantes para evaluar el progreso en la reducción de desigualdades y su impacto en la economía en general.