El gobierno chileno, liderado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha presentado el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026, revelando una corrección significativa en las proyecciones de deuda pública. En este informe, Quiroz denunció un 'error' en la proyección de la deuda pública del gobierno anterior, que omitió un monto de aproximadamente US$10.500 millones para el período 2026-2030. Esta omisión implica que la deuda pública podría superar el límite del 45% del PIB en 2028, alcanzando un 45,4%, y un 46,5% en 2030, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal del país.

La inconsistencia en las proyecciones de deuda se hace evidente al comparar los déficits proyectados para el período 2026-2030, que aumentan en 13 billones de pesos, mientras que la deuda proyectada solo incrementa en 3 billones de pesos. Esto deja un déficit no contabilizado de 9 billones de pesos, lo que contradice las afirmaciones anteriores de que la deuda se había estabilizado. Para investigar esta discrepancia, el gobierno ha iniciado una investigación interna para determinar si se trató de un error administrativo o si hay otros factores en juego.

El informe también señala un ajuste en el déficit fiscal efectivo previsto para 2026, que ha aumentado de -1,9% del PIB a -2,4% del PIB. Este cambio se atribuye a una sobreestimación de los ingresos esperados por la Ley de Cumplimiento Tributario, que se proyectó inicialmente en 0,7% del PIB, pero que ahora se espera que sea solo del 0,1% del PIB. Esta revisión de ingresos refleja una tendencia más conservadora en las expectativas fiscales del gobierno, en un contexto donde el crecimiento del PIB se ha ajustado a la baja, del 2,4% al 2,1% para 2026.

Las implicancias de estos cambios son significativas para los inversores y el mercado en general. Un aumento en la proyección de deuda pública puede llevar a un incremento en las tasas de interés, lo que afectaría el costo de financiamiento tanto para el gobierno como para el sector privado. Además, la revisión a la baja en las proyecciones de crecimiento del PIB podría impactar negativamente en la confianza del consumidor y en la inversión, lo que a su vez podría tener efectos en el mercado laboral y en la recaudación fiscal futura. Los inversores deben estar atentos a cómo el gobierno abordará estas proyecciones en su decreto de política fiscal programado para el 9 de junio.

A medida que el gobierno chileno se enfrenta a estos desafíos fiscales, es crucial monitorear las decisiones que se tomen en torno a la política fiscal y la metodología de cálculo de ingresos, especialmente en relación con el precio del cobre, que es un factor clave para la economía chilena. La volatilidad en el tipo de cambio y el dinamismo del sector externo, particularmente en las exportaciones mineras, también serán elementos a observar en el futuro cercano, ya que podrían influir en la estabilidad económica del país y en su capacidad para cumplir con los compromisos fiscales establecidos.