Más de R$ 3,7 mil millones provenientes de la privatización de Eletrobras están actualmente estancados en cuatro fondos destinados a proyectos de saneamiento básico y revitalización de bacias hidrográficas. Estos recursos, que deberían contribuir a la mejora de la infraestructura hídrica y la reducción de costos de energía, están siendo administrados por Axia Energia, la sucesora de la estatal. Desde su creación en 2023, solo se han ejecutado R$ 662,2 millones, lo que representa menos del 20% del total disponible, y apenas cinco de los 247 proyectos previstos han sido finalizados hasta la fecha.

La privatización de Eletrobras, que tuvo lugar en 2021 bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, incluyó la creación de estos fondos como parte de las contrapartidas del proceso. Los fondos están destinados a áreas críticas como la Amazonía Legal y la cuenca del río São Francisco, pero hasta ahora han mostrado una ejecución muy limitada. Por ejemplo, el fondo del São Francisco ha recibido R$ 1,5 mil millones, pero solo ha ejecutado R$ 54,4 millones, lo que pone de manifiesto la ineficiencia en la utilización de estos recursos.

La situación se complica aún más debido a que parte del dinero destinado a estos proyectos regresa a Axia como reembolso por impuestos y servicios administrativos, lo que reduce aún más la cantidad disponible para las iniciativas de revitalización. Esto ha generado críticas sobre la falta de transparencia y la gestión de los fondos, ya que existen discrepancias en los datos reportados sobre la ejecución de los proyectos. Por ejemplo, Axia reporta R$ 369 millones ejecutados en el fondo de la Amazonía, mientras que otras plataformas indican solo R$ 1,3 millones.

Desde el punto de vista de los inversores, la inacción en la ejecución de estos fondos podría tener implicaciones significativas. La falta de progreso en proyectos de infraestructura puede afectar la percepción de estabilidad y eficiencia en el sector energético brasileño, lo que podría influir en las decisiones de inversión tanto nacionales como extranjeras. Además, la situación actual podría generar presión sobre el gobierno de Lula para reorientar los recursos hacia áreas más productivas, como se evidenció con la reciente decisión de cancelar R$ 250 millones en proyectos de saneamiento en la cuenca del São Francisco.

A futuro, es crucial monitorear cómo Axia y el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional abordan la ejecución de estos fondos. La implementación de proyectos debe ser más ágil y transparente para evitar que los recursos continúen estancados. La próxima revisión de los proyectos y la asignación de fondos en el presupuesto federal serán momentos clave para observar si se implementan cambios significativos en la gestión de estos recursos, especialmente en un contexto donde la infraestructura hídrica es vital para el desarrollo sostenible de Brasil y su impacto en la región, incluida Argentina.