La reciente promulgación de la Ley N° 32561, que modifica el régimen de pensiones para el personal militar y policial en Perú, ha generado preocupaciones significativas sobre el impacto fiscal que tendrá en las finanzas públicas del país. Según estimaciones del Consejo Fiscal, la implementación de esta ley podría costar al Estado un total de S/ 46,000 millones anuales en valor presente. Este costo se suma a la ya considerable carga que representa el sistema previsional militar-policial, que actualmente demanda recursos significativos del Tesoro Público.

El análisis del Consejo Fiscal indica que, incluso sin la aplicación de la nueva ley, el costo fiscal del régimen de pensiones podría alcanzar S/ 5,000 millones anuales en los primeros años. Sin embargo, a partir del año 20, se anticipa un aumento progresivo de estos costos, que podrían llegar a S/ 18,000 millones anuales para el año 50, lo que representaría aproximadamente el 0.16% del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para ese año. Este escenario plantea un desafío considerable para la sostenibilidad fiscal del país, dado que el valor presente de los flujos de efectivo relacionados con estos costos podría ascender a S/ 179,000 millones.

Uno de los aspectos más preocupantes de la Ley 32561 es el desbalance entre los beneficios previsionales que se reconocen y los aportes que se requieren para financiarlos. Para que el sistema sea autosostenible, se necesitaría una tasa de aporte del 42% sobre las remuneraciones, mientras que actualmente la tasa de aporte del afiliado es solo del 15%. Esto significa que los beneficios reconocidos por la ley equivalen a casi tres veces lo que podría financiarse con los aportes actuales. Como resultado, se estima que el Estado tendría que cubrir un subsidio equivalente al 27% de las remuneraciones, lo que representa casi el doble del aporte realizado por el afiliado.

La situación se complica aún más al considerar que el Estado financiaría aproximadamente el 64% de las pensiones del personal militar y policial bajo el régimen del Decreto Legislativo 1133, lo que implica un subsidio directo significativo para los pensionistas de este sistema. Este esquema contrasta notablemente con otros regímenes previsionales, como el Sistema Privado de Pensiones, que se financia completamente con los aportes de sus afiliados sin necesidad de subsidios estatales. La aprobación de esta ley, por tanto, no solo plantea un desafío fiscal inmediato, sino que también podría tener repercusiones a largo plazo en la capacidad del Estado para financiar otros servicios públicos esenciales.

De cara al futuro, es crucial que los responsables de la política fiscal en Perú evalúen cuidadosamente las implicancias de la Ley 32561. Con un horizonte temporal que se extiende por varias décadas, el costo fiscal de esta ley podría aumentar considerablemente a medida que los afiliados activos se conviertan en pensionistas. Además, se deben considerar los ajustes adicionales que la ley contempla, como el aumento de las pensiones de viudez y orfandad, que podrían incrementar aún más la carga financiera del Estado. Los inversores y analistas deben estar atentos a cómo el gobierno peruano manejará esta situación, ya que las decisiones que se tomen en los próximos años tendrán un impacto significativo en la estabilidad fiscal del país y, por ende, en su atractivo como destino de inversión.