El gobierno argentino, liderado por el ministro de Economía Luis Caputo, avanza en la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, un proceso que ha suscitado controversia debido a la implicación de varios empresarios en la Causa Cuadernos, que investiga la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo. En la primera etapa, ya se han firmado contratos para más de 700 kilómetros, donde empresas como Autovía Construcciones y Servicios S.A., vinculada al grupo Cartellone, han obtenido concesiones a pesar de que sus directivos están imputados por coimas. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión de la infraestructura vial del país.

En la Etapa I, Autovía Construcciones se adjudicó tramos clave que incluyen las Rutas Nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Los hermanos José y Gerardo Cartellone, al frente de la empresa, están mencionados en la investigación por haber realizado actos de cohecho. Además, la situación financiera de su empresa es preocupante, ya que se encuentra en la central de deudores del BCRA con una deuda de más de $15 mil millones, lo que podría afectar su capacidad para llevar a cabo las obras necesarias en las rutas que ahora gestionan.

La segunda etapa de la privatización, que abarca 1.800 kilómetros, también ha sido adjudicada a empresas con antecedentes cuestionables. La UTE conformada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., José Eleuterio Pitón S.A. y Pietroboni S.A. se hizo con el Puente Rosario–Victoria, mientras que otros empresarios, como Patricio Gerbi de Coarco S.A., están implicados en la Causa Cuadernos. La participación de estos actores en la privatización de rutas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso y la posibilidad de que se repitan prácticas corruptas en el futuro.

A medida que avanza la privatización, el gobierno espera que la inversión privada mejore la infraestructura vial del país. Sin embargo, la presencia de empresarios con antecedentes de corrupción en el sector genera desconfianza entre la población y podría afectar la percepción de los inversores. La situación es aún más compleja considerando que el mantenimiento de las rutas ha sido deficiente durante más de dos años, lo que ha llevado a un deterioro significativo de la infraestructura. La falta de inversión en mantenimiento podría resultar en costos adicionales a largo plazo para el Estado y los usuarios de las rutas.

De cara al futuro, se abrirán nuevas licitaciones para la Etapa II-B, que comprende 2.500 kilómetros, y ya se han presentado 16 oferentes, entre los cuales se encuentran varias empresas que han sido mencionadas en la Causa Cuadernos. La competencia por estas concesiones será intensa, y es probable que los mismos actores que han estado involucrados en escándalos de corrupción busquen repetir sus éxitos. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estas licitaciones y a la respuesta del gobierno ante las críticas sobre la falta de transparencia en el proceso de privatización de rutas.