La ineficiencia del Estado peruano se ha convertido en un tema de creciente preocupación, especialmente en un contexto donde el gasto público ha aumentado más del 40% entre 2019 y 2024. A pesar de este incremento, los resultados en términos de bienestar social han sido decepcionantes. La pobreza monetaria ha escalado del 20,2% al 27,6%, y los homicidios han casi duplicado su tasa, lo que refleja un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos. La educación, un pilar fundamental para el desarrollo, muestra que solo el 30% de los postulantes aprobó la evaluación para ingresar a la Carrera Pública Magisterial 2024, lo que pone de manifiesto las brechas acumuladas en el sistema educativo.

El problema de la ineficiencia estatal no solo radica en la falta de recursos, sino también en la erosión de la meritocracia y las capacidades técnicas dentro del aparato público. En lugar de fortalecer los sistemas de evaluación y profesionalización, el debate político tiende a buscar flexibilizaciones que no abordan las raíces del problema. Esto se traduce en un aumento de sueldos docentes de más del 100% en cinco años, sin que se refleje en una mejora en la calidad educativa. La falta de exigencia en la formación de los docentes es un claro indicador de la crisis en la que se encuentra el sistema educativo peruano.

La descentralización, aunque necesaria, ha fragmentado las capacidades y funciones del Estado sin construir la infraestructura técnica necesaria en los gobiernos subnacionales. Este proceso ha llevado a una pérdida significativa de productividad estatal, caracterizada por una mayor dispersión burocrática y problemas de coordinación. A diciembre de 2024, se registraban alrededor de 2.500 obras paralizadas, y casi la mitad de los proyectos públicos no mostraban avance alguno. Esta situación es alarmante, ya que el crecimiento económico depende no solo del gasto, sino de la calidad institucional y la capacidad burocrática.

Desde el punto de vista de los inversores, la ineficiencia del Estado puede traducirse en costos invisibles que afectan el crecimiento económico. La sobrerregulación y la burocracia improductiva son obstáculos que pueden desincentivar la inversión. Por ejemplo, un proyecto minero en Perú puede requerir más de 230 procedimientos administrativos, lo que retrasa la ejecución y aumenta los costos operativos. La falta de procedimientos estandarizados en las entidades públicas también contribuye a una tramitología que atrapa a ciudadanos y empresas en una red burocrática lenta y descoordinada.

Mirando hacia el futuro, es crucial que el Perú replantee su enfoque sobre el Estado. En lugar de discutir cuánto Estado se necesita, es imperativo abordar qué tipo de Estado es necesario para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La recuperación de la meritocracia, la simplificación de procesos y un replanteamiento de la descentralización son pasos urgentes. Con elecciones a la vista, los ciudadanos deben exigir un cambio en la forma en que el Estado opera, ya que la confianza y la competitividad del país dependen de ello.