El auge de la minería en San Juan, especialmente en proyectos de cobre, oro y plata, ha comenzado a generar tensiones significativas en torno a la infraestructura eléctrica necesaria para su desarrollo. La reciente solicitud del proyecto Vicuña, que representa la mayor inversión minera en la historia argentina, ha desatado un conflicto por el acceso a la capacidad de transporte eléctrico, lo que ha llevado a la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Este proyecto busca asegurar el uso prioritario de una porción importante de la red eléctrica, lo que ha generado resistencia de otros emprendimientos mineros en la región, como Los Azules.

Vicuña, respaldado por las mineras BHP y Lundin Mining, ha solicitado acceso a 260 megavatios (MW) de capacidad de transporte eléctrico, lo que representa un consumo significativo en comparación con otros grandes demandantes de energía en el país. La situación se complica aún más debido a que el Estado argentino no ha realizado inversiones significativas en la infraestructura eléctrica desde 2014, lo que ha llevado a cuellos de botella en la capacidad de transmisión. Esto ha generado una preocupación creciente entre otros proyectos mineros que dependen de la misma red eléctrica para su viabilidad.

La oposición al acceso prioritario de Vicuña proviene de Los Azules, que ya se benefició del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y argumenta que la exclusividad solicitada por Vicuña podría bloquear futuros accesos a la red eléctrica. Este conflicto no solo pone en juego la viabilidad de varios proyectos mineros en San Juan, sino que también plantea preguntas sobre cómo se asignará la infraestructura eléctrica en una región que es clave para el crecimiento económico de Argentina. La resolución de este conflicto podría establecer un precedente importante sobre el acceso y financiamiento de la infraestructura energética en el país.

En un contexto donde la minería se presenta como una de las principales fuentes de inversión y exportación para Argentina, la resolución de este conflicto será crucial para determinar el futuro de la industria minera en la región. La audiencia pública convocada por el Gobierno nacional será un momento clave para que todas las partes involucradas expongan sus argumentos y se busque una solución que permita el desarrollo sostenible de la minería en San Juan.