La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un informe alarmante sobre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), revelando que el organismo no aplicó controles adecuados en la entrega de créditos de fomento durante el año 2024. En total, se identificaron irregularidades en la concesión de créditos que suman más de $62 millones, otorgados a beneficiarios que no cumplían con los requisitos establecidos. Este hallazgo ha llevado a la CGR a ordenar un procedimiento disciplinario para investigar posibles responsabilidades administrativas en el manejo de estos fondos públicos.

El informe, que abarca el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, destaca que Indap no realizó las fiscalizaciones necesarias en al menos tres casos de beneficiarios que tenían antecedentes de actividades ilícitas en sus predios, incluyendo el cultivo de marihuana y la usurpación de aguas. Además, se encontraron 10 beneficiarios que poseían vehículos valorizados en más de 3.500 UF (equivalente a más de $128 millones) y que no cumplían con las condiciones de elegibilidad para acceder a estos créditos. Estas irregularidades no solo comprometen la integridad del sistema de financiamiento agrícola, sino que también plantean serias preguntas sobre la capacidad de Indap para gestionar recursos públicos de manera efectiva.

La auditoría también reveló que 16 beneficiarios, que recibieron un total de $51.950.000, generaron ingresos de actividades no agrícolas, lo que contraviene las normas que estipulan que la principal fuente de recursos debe ser la actividad agrícola. Asimismo, 23 personas recibieron créditos por un total de $62.155.496 sin demostrar una tenencia legítima de los terrenos declarados, lo que indica una falta de criterios claros para la evaluación de los beneficiarios. Esta situación pone de manifiesto las debilidades en los procesos de verificación y control que debería llevar a cabo Indap.

Las implicancias de este informe son significativas para el sector agrícola y para los inversionistas que operan en el ámbito de la agricultura en Chile. La falta de supervisión adecuada y las irregularidades detectadas podrían generar desconfianza en el sistema de financiamiento agrícola, afectando la disponibilidad de recursos para aquellos agricultores que realmente los necesitan. Además, la presión política sobre el gobierno para implementar reformas en Indap podría llevar a cambios en la regulación del sector, lo que podría influir en las decisiones de inversión en el futuro.

De cara al futuro, será crucial monitorear cómo el gobierno chileno responde a este informe de la Contraloría. La diputada Natalia Romero ha solicitado un proceso disciplinario serio y reformas urgentes en los mecanismos de verificación de Indap. La implementación de medidas correctivas podría influir en la estabilidad del sector agrícola y en la confianza de los inversionistas. Además, se debe observar si se realizarán cambios en la normativa que rige la concesión de créditos de fomento, lo que podría tener un impacto directo en la disponibilidad de financiamiento para los agricultores en el corto y mediano plazo.