El gobierno cubano ha anunciado una transformación significativa en su modelo económico al permitir, por primera vez en casi 70 años, la creación de empresas público-privadas. Esta medida, formalizada a través del Decreto-Lei 114/2025, busca establecer alianzas estratégicas con el sector privado para enfrentar la grave crisis humanitaria que afecta a la isla, donde el 89% de la población vive en condiciones de extrema pobreza.

La decisión de permitir estas asociaciones representa un cambio radical en la política económica cubana, que tradicionalmente había restringido la propiedad privada. Con un salario promedio que apenas alcanza los 15 dólares mensuales y un salario mínimo de 7 dólares, el gobierno reconoce que la colaboración con el sector privado es esencial para evitar un colapso total de la economía, especialmente en un contexto de intensificación de las sanciones estadounidenses.

Las nuevas empresas mixtas tendrán la autonomía para decidir sobre la oferta de bienes y servicios, así como la capacidad de fijar precios y salarios. Este enfoque busca no solo estabilizar el suministro de productos básicos, sino también atraer capital de cubanos en el extranjero, vital para reanimar la economía local. Sin embargo, el gobierno mantendrá un control estricto sobre estas empresas, asegurando que no se pierda la supervisión estatal en el proceso.

La crisis en Cuba se ha visto agravada por la falta de recursos energéticos y la escasez de alimentos y medicinas, lo que ha llevado a un éxodo masivo de jóvenes en busca de mejores oportunidades. Con la caída del turismo y el colapso de las relaciones con aliados tradicionales como Venezuela, la apertura al sector privado podría ser una de las pocas salidas para mitigar la crisis y mejorar las condiciones de vida de la población.