El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de Chile ha emitido un informe crítico sobre el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico presentado por el gobierno. Aunque el CFA no ha rechazado la iniciativa, ha señalado preocupaciones significativas respecto a la sostenibilidad fiscal del país. En particular, el CFA enfatiza que Chile enfrenta un déficit estructural del 3,6% del PIB para 2025 y una deuda bruta que alcanza el 41,5% del PIB, lo que plantea serios desafíos para la implementación de nuevas políticas de gasto.

El diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI) añade una capa de complejidad al panorama fiscal. Se estima que el déficit efectivo para 2026 podría ser del 3% del PIB, un aumento considerable respecto a la proyección anterior del 1,5%. Esto implica que la nueva administración deberá enfrentar un déficit fiscal de aproximadamente 6 mil millones de dólares más de lo que se había anticipado, lo que complica aún más la posibilidad de financiar el proyecto de ley y alcanzar un balance estructural cero para 2030.

Las advertencias del CFA son claras: los costos fiscales de algunas medidas del proyecto son inmediatos y ciertos, mientras que los beneficios del crecimiento económico son graduales y dependen de su materialización. Esto significa que, aunque el crecimiento es esencial, no se puede asumir que se logrará sin un enfoque cuidadoso y estratégico. La necesidad de un monitoreo efectivo y la mitigación de riesgos fiscales son esenciales para asegurar que el proyecto no se convierta en una carga insostenible para las finanzas públicas.

Desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), se ha respondido a las observaciones del CFA, argumentando que el análisis debe considerar un enfoque de "equilibrio general". Esto implica que no solo se debe evaluar el impacto fiscal del proyecto, sino también las medidas administrativas que se están implementando. Sin embargo, la respuesta de la Dipres ha sido recibida con escepticismo por algunos sectores, que consideran que el CFA tiene razón al señalar la necesidad de un enfoque más cauteloso.

La experiencia reciente de Chile con reformas fiscales, como la de 2014, también sirve como advertencia. A pesar de las promesas de mayor recaudación y crecimiento, los resultados fueron decepcionantes, lo que llevó a una menor inversión y un debilitamiento del empleo. Con un crecimiento proyectado de solo el 2% anual, la sostenibilidad fiscal se ve amenazada. Por lo tanto, es crucial que el gobierno implemente medidas que reduzcan los tiempos de aprobación de proyectos y mantengan una tasa corporativa competitiva para fomentar un entorno de inversión saludable.

El CFA concluye que el mayor riesgo fiscal para Chile es resignarse a un crecimiento bajo. La clave no es evitar el proyecto de ley, sino encontrar formas de implementarlo que aseguren la sostenibilidad fiscal. A medida que el gobierno avanza en este proceso, será fundamental monitorear la evolución de las proyecciones fiscales y el impacto real de las medidas adoptadas, especialmente en un contexto donde la economía chilena enfrenta desafíos significativos.