En las últimas décadas, la edad media a la que un español recibe su primera herencia ha aumentado drásticamente, pasando de 35 a 55 años. Este cambio no es solo un dato demográfico, sino que tiene implicaciones significativas para la economía española. Un estudio reciente de Fedea, que incluye el análisis de Nacho Conde, revela que cada año adicional de espera para recibir una herencia reduce, en promedio, la riqueza neta a largo plazo en un 2%. Esto sugiere que muchos españoles están tomando decisiones financieras importantes sin el respaldo de los recursos heredados, lo que podría limitar su capacidad de inversión y consumo en etapas críticas de sus vidas.

La situación se agrava al observar la distribución del ahorro en España. Más del 80% del patrimonio de los hogares está invertido en bienes raíces, mientras que el ahorro acumulado en planes de pensiones es significativamente menor. Este fenómeno refleja una cultura de ahorro que, sin embargo, es poco eficiente. La balanza por cuenta corriente muestra superávits cercanos al 3% del PIB, pero gran parte de ese ahorro está “fosilizado” en activos inmobiliarios, que no se están utilizando de manera productiva. Esto plantea un desafío para la economía, ya que el capital disponible no se traduce en inversión activa.

Además, la desigualdad generacional es un aspecto preocupante. La participación de los menores de 35 años en la riqueza neta total ha caído de más del 8% en 2002 a solo el 2% en 2022. La tasa de propiedad en este grupo de edad también ha disminuido drásticamente, pasando del 65% al 40%. Esto significa que muchos jóvenes dependen de la ayuda familiar para acceder a la vivienda, lo que perpetúa la desigualdad y limita la movilidad social. En este contexto, la transmisión de riqueza se convierte en un mecanismo crucial para que las nuevas generaciones puedan acceder a recursos que les permitan emprender, formar un hogar o invertir en su educación.

Las políticas fiscales actuales favorecen la espera para la transmisión de herencias, ya que el incremento de valor de un activo se anula fiscalmente al ser heredado. Esto crea un incentivo para que las familias mantengan su patrimonio en lugar de utilizarlo de manera activa. Por ejemplo, si una propiedad se transmite en vida, el donante debe tributar por la ganancia patrimonial, lo que desincentiva la transferencia anticipada de riqueza. Esta situación no solo afecta a las familias, sino que también tiene repercusiones en la economía en general, ya que el capital que podría ser utilizado para inversiones productivas permanece inmovilizado.

A futuro, es crucial que se amplíe el debate sobre la transmisión de riqueza y se busquen soluciones que permitan descongelar este ahorro. Una posible medida sería equiparar el tratamiento fiscal de las transmisiones en vida con el de las herencias, lo que podría incentivar a las familias a mover su capital hacia inversiones productivas. Además, algunas comunidades en España ya han implementado modelos que permiten la transmisión patrimonial en vida con beneficios fiscales, lo que demuestra que es posible crear un marco más equitativo y eficiente. La discusión sobre la redistribución temporal del capital también es relevante, ya que podría facilitar el acceso a recursos para aquellos que no cuentan con apoyo familiar.

En resumen, la situación del ahorro en España presenta desafíos significativos que requieren atención. La combinación de herencias tardías, una distribución desigual de la riqueza y políticas fiscales que desincentivan la movilidad del capital son factores que deben ser abordados para mejorar la eficiencia económica y la equidad social. A medida que se desarrollen nuevas políticas y se reevalúen las existentes, será importante monitorear cómo estas medidas impactan en la capacidad de las nuevas generaciones para acceder a recursos y contribuir al crecimiento económico del país.