La inflación en Argentina se desaceleró en abril, registrando un aumento del 2,6% según el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE). Sin embargo, esta cifra no representa un alivio para la población, ya que más de la mitad de las familias no logró cubrir la canasta alimentaria. Este fenómeno se relaciona con la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo, lo que ha llevado a un aumento en la dependencia de la asistencia estatal para satisfacer necesidades básicas.

El informe del IETSE revela que el 56,8% de los hogares no pudo cubrir la canasta básica alimentaria en abril. Entre aquellos que sí lograron hacerlo, un alarmante 71,4% requirió asistencia estatal, ya sea a través de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o ayudas alimentarias. Este contexto refleja un deterioro significativo en las condiciones de vida, donde el 11,4% de los hogares encuestados se vio obligado a reducir su ingesta a una sola comida diaria o enfrentó situaciones de hambre.

En términos de cifras, la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo de cuatro integrantes se situó en $1.876.722, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) alcanzó los $1.029.591, con un incremento mensual del 2,1% y un aumento acumulado del 13,9% durante 2026. Estos datos evidencian un encarecimiento de las condiciones mínimas de vida, lo que se traduce en un cuadro social cada vez más crítico. Además, el comercio minorista de alimentos experimentó un recorte interanual del 8,5% en volumen durante abril, lo que indica que, a pesar de que el gasto nominal puede mantenerse por el efecto de los precios, los hogares están comprando menos cantidad de bienes.

La situación se agrava con la creciente dependencia del crédito para cubrir gastos básicos. Un 88% de los hogares encuestados recurrió a préstamos, fiado o tarjetas de crédito para adquirir alimentos. Sin embargo, este mecanismo de financiamiento comienza a mostrar signos de saturación, con un aumento en los pagos mínimos y niveles más altos de morosidad. Esta realidad plantea un riesgo significativo para la estabilidad financiera de las familias, que se ven atrapadas en un ciclo de endeudamiento.

A futuro, es crucial monitorear la evolución de la inflación y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios. Los datos del INDEC indican que los salarios formales han perdido un 8,87% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, y se prevé una nueva caída en marzo debido a la aceleración inflacionaria. Este escenario de inflación persistente y caída del salario real configura un entorno de debilidad estructural del mercado interno, que afecta especialmente a los comercios de cercanía y pequeñas unidades productivas, altamente dependientes del consumo doméstico.