El Día del Trabajador se conmemoró en medio de una creciente tensión laboral en Argentina, evidenciada por el aumento de la desocupación y la precarización laboral. Un dato alarmante que surge en este contexto es que cada vez más personas en edad jubilatoria se ven obligadas a continuar trabajando para poder subsistir. Según datos del INDEC, la participación laboral de los jubilados aumentó un 11% desde 2023, alcanzando a más de 450 mil jubilados con empleo registrado en el país. Esto se refleja también en estudios privados, como el del Instituto Argentina Grande, que indica que aproximadamente el 17% de los jubilados sigue trabajando en el país.

El fenómeno del trabajo post-jubilación no es solo una elección, sino una necesidad. Más del 50% de estos jubilados están inscriptos como monotributistas, lo que implica una migración hacia formas de trabajo menos protegidas y con menor estabilidad. Este cambio en la dinámica laboral se acompaña de un aumento del “desempleo encubierto”, que ha crecido un 34,1% interanual entre los mayores de 66 años. Este indicador incluye a quienes trabajan pocas horas o en condiciones precarias y buscan ampliar sus ingresos, lo que sugiere que una parte significativa de los jubilados no solo permanece en el mercado laboral, sino que también necesita incrementar sus horas de trabajo para sobrevivir.

Los datos sobre ingresos de los jubilados son preocupantes. En Córdoba, por ejemplo, el 52% de los jubilados necesita asistencia económica de sus hijos para cubrir gastos básicos. Un estudio de la Fundación Colsecor revela que la principal razón para seguir trabajando después de jubilarse es la necesidad de complementar ingresos, superando motivaciones como mantenerse activo o evitar el aislamiento. Además, el gasto en medicamentos, servicios de salud y alimentación consume una parte cada vez mayor del ingreso mensual de los adultos mayores, lo que pone de manifiesto la presión creciente sobre su poder adquisitivo.

El contexto provincial también influye en esta dinámica. La implementación de jubilaciones obligatorias en el sector público ha incrementado el flujo de personas que pasan a condición pasiva, mientras que la continuidad laboral posterior se vuelve cada vez más común. Esto se traduce en un aumento de la tasa de actividad en personas mayores de 65 años, así como en un crecimiento del empleo independiente y del trabajo desprotegido en sectores como comercio minorista y servicios personales. La situación es tal que se han vuelto comunes las imágenes de jubilados trabajando en condiciones precarias, como el caso viral de un jubilado repartidor en Buenos Aires.

A medida que la población de 65 años y más sigue creciendo, se amplía la base de personas en edad jubilatoria que permanecen o reingresan al mercado laboral. Sin embargo, no todos los jubilados están en condiciones físicas o cognitivas para sostener una actividad laboral, especialmente en contextos de informalidad. La legislación permite que los jubilados continúen trabajando y perciban su haber previsional, pero esto no siempre se traduce en una mejora en sus condiciones laborales. La continuidad laboral en la vejez se ha integrado al mercado de trabajo, pero está marcada por condiciones económicas que van más allá de las decisiones individuales, lo que plantea un riesgo tanto personal como social.

En resumen, el aumento de jubilados en el mercado laboral argentino refleja una necesidad apremiante de ingresos, lo que plantea desafíos significativos para el sistema previsional y la economía en general. A futuro, será crucial observar cómo evolucionan estas tendencias y qué medidas se implementan para abordar la precarización laboral de este grupo etario, especialmente en un contexto donde la expectativa de vida sigue aumentando y las condiciones de salud mejorando para algunos, pero no para todos.